El debate respecto de si en la Argentina hay presos políticos creció ayer dentro del oficialismo, donde voces como las del gobernador de Buenos, Axel Kicillof, y del ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis, potenciaron las diferencias.
Al respecto, Kicillof fue tajante: "Si hay políticos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos".
Incluso, el mandatario bonaerense aseguró ser "víctima" de esa supuesta persecución. "Lo sufrí en carne propia y no soy mártir porque nunca lo dije. Lo que afirmo es que había jueces que te ponían en la mira y armaban todo", subrayó.
Según Kicillof, esos magistrados "avanzaban hasta un juicio oral por un delito que nadie sabe qué cazzo es". Aludió, de ese modo, a la causa sobre el dólar futuro que el recientemente fallecido Claudio Bonadio elevó a la instancia oral.
Pero, poco después, Katopodis reafirmó la posición del presidente Alberto Fernández, que fue resaltada en los últimos días por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá, respecto de que no existen presos políticos en el país.
"Creo que fueron claros el presidente y el jefe de Gabinete, y adscribo a esa posición", sostuvo el ministro, que agregó: "Son matices, formas de ver. Cada caso tiene sus particularidades, pero en línea general el gobierno ha fijado una postura y es la que marcó el primer mandatario".
Respecto de su posicionamiento, el jefe del Estado había asegurado que "hay presos que la Justicia podría no tener presos, pero es una decisión de ese poder, que es independiente del Ejecutivo".
"Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico, y que están ligados a figuras que tienen relieve político, lo cual no quiere decir que haya presos políticos", enfatizó.
En ese sentido, Fernández señaló que "preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego".
La discusión comenzó a tomar cuerpo poco después de la asunción del presidente, cuando familiares de los detenidos se movilizaron a Comodoro Py 2002 para pedir por una "Navidad sin presos políticos".
En ese marco se escucharon los pedidos de libertad de Milagro Sala, Julio De Vido, Luis D'Elía, Amado Boudou, entre otros casos.
"Para nosotros, no hay presos políticos en Argentina. Sí hay detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que están con recursos presentados, la Justicia deberá determinarlas", dijo la semana pasada Cafiero.
La posición fue replicada por Solá, en respuesta a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, quien dijo: "No tengo ninguna duda de que Sala es una presa política".
Desde la cárcel, De Vido también apuntó a Cafiero y Solá. "Respetemos a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y a todos los perseguidos y presos políticos. Ya que no nos liberan del yugo macrista, por lo menos respétennos", publicó en su cuenta de Twitter.
Ecos
Paralelamente, el fiscal federal Carlos Stornelli consideró que asegurar que en la Argentina hay presos políticos "es una falta de respeto a quienes fueron presos políticos de verdad durante la última dictadura".
El fiscal que investigó el caso cuadernos de las coimas añadió: "Los que fueron víctimas (de la dictadura) deben estar enojados cuando se dice cualquier cosa o se iguala con cualquier cosa".
Asimismo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se metió en la controversia. "Son consideraciones políticas y ni siquiera contradictorias, son complementarias", indicó, tras lo cual sugirió "ver cada caso".
Canicoba Corral se encargó de dictar la orden de prisión preventiva contra el sindicalista Omar Caballo Suárez, quien pasó más de dos años detenido.