El debate en el Senado nacional por una nueva ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia tuvo un flamante capítulo. Con matices, media docena de invitados fundamentaron a favor de la iniciativa oficialista, entre ellos juristas como Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Joaquín Da Rocha y Eduardo Barcesat. Son cuatro los proyectos de reforma que se analizan, pero sobre el final del plenario se agregó uno nuevo y, tal vez, clave, para la suerte parlamentaria de la pretensión de cambio en la Corte: una iniciativa para reformar la ley de consulta popular vinculante y no vinculante. Un instituto de la Constitución de 1994 que nunca se utilizó, entre otras razones, porque requiere de una mayoría agravada en ambas Cámaras para determinarla.
El proyecto (ya había sido redactado en años anteriores) que ahora impulsa un senador nacional de máxima confianza de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, facilita la convocatoria a la consulta popular al quitar la exigencia sobre las mayorías agravadas.
“La ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”, explica Parrilli en los fundamentos.
De aprobarse, esa modificación permitirá que “el día fijado para la realización de una consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario”. Según la letra actual de la ley de consulta popular, la fecha no puede coincidir con otros comicios.
Lo que viene
El plenario de las comisiones de Asuntos Constituciones y Justicia y Asuntos Penales continuará el miércoles próximo con la posible presencia de uno o más miembros de la Corte Suprema de Justicia, algo que había sugerido la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) la semana pasada, pero que ayer no reiteró.
Los senadores nacionales de la oposición, con muy poca presencia en el Salón Illia de la Cámara alta, tampoco hicieron uso de la palabra ni formularon preguntas a los expositores.
Con la incorporación del proyecto para reformar la ley de consulta popular, el Frente de Todos (FdT) empieza a revelar un camino posible que imagina recorrer con su pretensión reforma del sistema judicial, que por ahora no consiguió resultados en la Cámara baja.
“La consulta popular no vinculante importa recabar la opinión del cuerpo electoral acerca de materias de competencia de los Poderes Legislativo o Ejecutivo. El resultado de esa consulta no obliga al Poder que la promovió. Puede ser sometido a consulta popular no vinculante todo asunto de interés general para la Nación. En ese tipo de consulta el voto del electorado no será obligatorio”, dice el proyecto de ley que ahora promoverá el FdT para intentar sacar de la discusión de Palacio el tema de la Justicia.
Hoy se realizará la primera de las dos marchas para reclamar una democratización de la Justicia” Hoy se realizará la primera de las dos marchas para reclamar una democratización de la Justicia”
Respecto de la modalidad vinculante, la ley tiene por finalidad depositar en el electorado la decisión última sobre la sanción de un proyecto. “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley, con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto y temas tributarios, materia penal y tratados internacionales”, indica.
Asimismo, el referéndum podrá ser convocado por el Ejecutivo nacional (decreto) o alguna de las dos Cámaras, y por mayoría simple.
El oficialismo no desconoce que, incluso coincidiendo en un proyecto reformista de la Corte consensuado en el Senado (y que obtenga mayoría absoluta de 37 votos o más), no está en condiciones de luego a aprobarlo en Diputados, donde el FdT no consigue sumar aliados para casi ninguna iniciativa y, en consecuencia, no logra el quórum. Y, menos aún, la mayoría absoluta en los votos.
Con ese panorama, la propuesta de referéndum _si consigue modificar la ley y alivianar la exigencia numérica para convocarlo_, el oficialismo podría impulsar un debate masivo y disputar el voto popular.
La previa
Las dos horas y media que duró el plenario de comisiones en el Senado fueron, además, la antesala de la movilización de hoy a la plaza Lavalle, en la Capital Federal, que directamente pedirá la renuncia de los cortesanos.
El acto callejero está convocado por sectores gremiales de la CGT, las dos versiones de la CTA y sectores del kirchnerismo. El reclamo apunta directamente al pedido de renuncia de Horacio Rosatti a la presidencia del Consejo de la Magistratura, por el juicio político a la Corte y por la democratización y la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal.
Entre los expositores, el constitucionalista Barcesat, quien se expresó favorable al cambio en la composición del Corte, dijo: “No es posible soportar la decisión judicial (fallo de la Corte por el Consejo de la Magistratura) de reponer una ley derogada por el Congreso”.
En ese sentido, agregó: “La Corte tiene un instinto de clase, parcialidad, y es un poder político”. Para Barcesat, un juez “que no sabe que hace política es como un cangrejo que no sabe que es un crustáceo”.
Siempre respecto de la Corte, el jurista señaló que “quebró las reglas de institucionalidad con el fallo de diciembre de 2021, en el que repuso una ley derogada del Congreso” sobre la Magistratura.
Por eso, sostuvo que el Congreso debería invocar el artículo Nº 36 de la Constitución Nacional, en el sentido de que mantendrá su imperio (la Carta Magna) cuando se “interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, estos actos serán insanablemente nulos”.
