Política

Controversia jurídica por la muerte de un militar en los años 70

La Cámara Federal de Rosario comenzará a definir hoy si considera delito de lesa humanidad la muerte del mayor Argentino Larrabure

Miércoles 21 de Marzo de 2018

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario empezará a analizar hoy el pedido de que el secuestro seguido de muerte de un oficial del Ejército Argentino de parte de una organización guerrillera durante los años 70 sea considerado un delito de lesa humanidad, de modo que, según la pretensión del fiscal del caso, uno de los presuntos involucrados en el hecho pueda ser llevado a juicio. Algo que es fuertemente resistido por la defensa del implicado, que sostiene que el hecho no es un delito de estas características, motivo por el cual está prescripto y no puede generar persecución penal.

El episodio que motiva el debate que se iniciará hoy a partir de las 8.45 en el edificio de Entre Ríos al 400 es la muerte del mayor Argentino Del Valle Larrabure, secuestrado por un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974 en la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, en Córdoba, y hallado muerto 372 días después, en la casa donde estaba retenido, en Garay al 3200 de Rosario.

Polémica no saldada

El deceso del militar, ocurrido durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, es motivo de controversia no saldada. La agrupación insurgente sostuvo siempre que se suicidó durante su cautiverio y el Ejército y la familia indican que lo asesinaron. La autopsia no es concluyente en uno u otro sentido.

En el año 2008, el fiscal general de Rosario Claudio Palacín dictaminó que a su criterio el secuestro y la posterior muerte del militar constituían un delito de lesa humanidad y por lo tanto el incidente podía ser objeto de juicio. La posición del fiscal dio respuesta a un pedido en ese sentido impulsado por el hijo de Larrabure.

Por este hecho está señalado como autor mediato Arnold Kremer, conocido en la organización guerrillera como Luis Mattini, quien fue autor del libro "Hombres y mujeres del ERP". Para los defensores de Kremer, que tiene 76 años, la idea de habilitar un proceso en su contra constituye una aberración política y jurídica porque los únicos crímenes imprescriptibles son los que se cometen desde el aparato del Estado.

Un dictamen vigente del ex procurador Esteban Righi sostiene que las acciones insurgentes no constituyen delitos de lesa humanidad. Estas solo puede ser cometido por el Estado o con anuencia del Estado.

El juez federal Marcelo Bailaque había desistido de la reapertura del caso judicial pero el fiscal Palacín apeló. En virtud de esto el caso empezará a ser analizado en una audiencia pública por el pleno de la Cámara Federal de Apelaciones.

En la sesión el fiscal Palacín expondrá los motivos por los cuales entiende que Kremer debe ser juzgado. Los defensores Pablo Llonto y Gabriel Ganón argumentarán en contra de tal cosa por considerar que el caso no es de lesa humanidad, por lo que el delito apuntado está prescripto.

Los casos de lesa humanidad exigen el análisis del pleno de la Cámara Federal, por lo cual los seis camaristas asistirán a la audiencia. Estarán allí Edgardo Bello, Elena Vidal, Fernando Barbará, Jorge Gallino, Aníbal Pineda y José Toledo.

Hoy sólo se desarrollará el debate entre las partes. La resolución de la Cámara Federal de Rosario sobre si Kremer debe o no ser juzgado por este caso se conocerá en no menos de un mes.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario