La tercera audiencia en el juicio que tiene como principales acusados al dictador Jorge Rafael Videla y al represor Luciano Benjamín Menéndez se realizó ayer en Córdoba.
La tercera audiencia en el juicio que tiene como principales acusados al dictador Jorge Rafael Videla y al represor Luciano Benjamín Menéndez se realizó ayer en Córdoba.
De los 31 imputados en las dos causas que se juzgan en este proceso que comenzó el pasado viernes —"UP1-Videla" y "Gontero-Menéndez"—, ya tuvieron la oportunidad de declarar 20, entre ellos Videla y Menéndez.
En esa oportunidad Videla asumió ayer la "responsabilidad castrense" de los hechos represivos cometidos por las fuerzas militares en la dictadura que él encabezó, los que consideró ya "juzgados", y también se hizo cargo del accionar de la cadena de mandos al sostener que "los subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes".
Menéndez también se manifestó en similares términos y en ambos casos se negaron a declarar por los hechos concretos por el que son juzgados.
Entre los imputados que hoy optaron por hablar lo hizo el ex policía del Departamento de Informaciones Policiales (D2) Yamil Jabour quien descalificó la investigación que concluye en la pieza acusatoria en su contra y responsabilizó a la Justicia federal del momento de los hechos por todo su accionar, al sostener que respondían a "directivas" de ese poder del Estado.
También declaró Luis David Merlo, quien se desempeñaba en la D2, y argumentó que desconocía sobre las detenciones ilegales y las torturas que sufrían los secuestrados en el centro clandestino de detención de la D2, porque "no tenía acceso" a esos hechos por su condición de recién ingresado a la fuerza policial.
En tanto, al mediodía Menéndez fue retirado de la sala de audiencias para iniciar el viaje hacia la provincia de Tucumán, en donde el jueves deberá escuchar la sentencia del segundo juicio en su contra por delitos similares cometidos en ese distrito del norte argentino.
Videla y Menéndez, junto a otros 23 represores, están imputados por el fusilamiento de 31 presos políticos alojados en un penal de la ciudad de Córdoba (UP1), ocurridos entre abril y octubre de 1976 y deben responder por los delitos de "homicidio calificado, imposición de tormentos seguido de muerte y tormentos agravados".
En tanto que en el expediente Gontero el principal imputado es Menéndez por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos", cometidos por ex policías del D2.