Consejo de la Magistratura: las claves para entender el conflicto político-judicial

Vencido el plazo que había dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Congreso sancionara una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, a mediados de abril, se abrió un conflicto político e institucional que sacude a los tres poderes del Estado e involucra a las principales fuerzas políticas.

Aquí, algunas preguntas y respuestas para entender cómo surgió esta disputa en el vértice del Poder Judicial de la Nación, y por qué es importante para la vida pública del país.

1) ¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

Es un organismo creado por la Reforma Constitucional de 1994, que tiene tres grandes funciones: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes para los juzgados inferiores; ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados de los tribunales inferiores, y administrar los recursos del Poder Judicial.

Para los nombramientos, el Consejo elabora una terna de candidatos, en base a concursos públicos. De esos nombres el Poder Ejecutivo Nacional selecciona uno y pide acuerdo al Senado.

En el caso del régimen disciplinario, el Consejo puede abrir -si considera que hay pruebas suficientes- el proceso de remoción, que pasa a un Jurado de Enjuiciamiento, integrado por otros miembros.

2) ¿Quiénes integran el Consejo de la Magistratura?

El artículo 114 de la Constitución Nacional establece que el Consejo estará integrado “de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, además de otras personas provenientes del ámbito académico y científico.

Sin embargo, como en la convención constituyente las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo sobre cuántos representantes tendría cada estamento, le encargaron la tarea al Congreso.

image.png

El santafesino Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y también del Consejo de la Magistratura

3) ¿Qué falló la Corte Suprema?

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la composición del Consejo de la Magistratura establecida por la ley de 2006 -impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner- es inconstitucional.

De acuerdo al máximo tribunal, “el estamento político cuenta con un total de 7 representantes -6 legisladores y 1 representante del Poder Ejecutivo-, número que le otorga quórum propio y la mayoría absoluta del cuerpo”. Esto le permite realizar acciones “hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional”.

“Si bien pueden existir diferencias en el número de representantes de los distintos estamentos -en tanto no se exige una igualdad aritmética-, esas diferencias no pueden permitir que ninguno de ellos tenga predominio o se imponga sobre los demás”, señaló el voto de la mayoría, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

4) ¿Qué sucedió después?

La Corte Suprema instó al Congreso nacional a sancionar “ en un plazo razonable” una nueva ley y le dio 120 días para que adapte la integración del Consejo a lo que disponía la ley 24.937.

Esa norma, sancionada en 1998, ordenaba un Consejo de 20 miembros: el presidente de la Corte (que presidía el Consejo), 4 jueces, 8 legisladores, 1 representante del Ejecutivo, 4 abogados y 2 académicos. De esta manera, los representantes políticos quedaban en minoría (9 sobre 20) frente a los no electos.

5) ¿Qué hizo el Ejecutivo?

El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que postula un Consejo de 17 miembros: 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 1 representante del Ejecutivo y 2 académicos. La propuesta elimina la mayoría del sector político -como quiere la Corte Suprema- pero deja afuera del Consejo al presidente del máximo tribunal.

A comienzos de abril el Senado la media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura, pero no fue tratada por Diputados, donde el Frente de Todos no reúne los votos necesarios.

image.png

Cristina Fernández de Kirchner desdobló el bloque del Frente de Todos en el Senado

6) ¿Qué pasó entonces?

Al no sancionarse una nueva ley antes del plazo dispuesto por la Corte Suprema, el 15 de abril, el presidente del tribunal Horacio Rosatti, asumió la presidencia del Consejo y tomó juramento a cuatro nuevas consejeras: la jueza Agustina Díaz Cordero, las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, y la profesora Pamela Tolosa.

7) ¿Qué hizo el Frente de Todos?

Después de que la Corte declare nulo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que había ordenado que las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de nombrar dos consejeros/as por la segunda minoría, Cristina Fernández de Kirchner ordenó que el Frente de Todos se desdoble en dos bancadas para designar también al consejero de la segunda minoría.

En Diputados, Sergio Massa nombró a la legisladora radical Roxana Reyes. El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, presentó un amparo en la Justicia para frenar el nombramiento de Reyes. Martínez argumenta que es ilógico que la bancada que tiene mayor cantidad de integrantes tenga un sólo representante (Vanessa Siley), mientras Juntos por el Cambio tiene dos (el diputado PRO Pablo Tonelli y Reyes) y el interbloque Federal uno (Graciela Camaño).

Desde el bloque oficialista aseguraron que la movida obedece a los roles diferentes de cada uno: Massa es el presidente de la Cámara y Martínez debe resguardar los intereses del bloque.

image.png

El senador cordobés Luis Juez (PRO) reclama el asiento en el Consejo de la Magistratura

8) ¿Qué planteó Juntos por el Cambio?

Después del desdoblamiento del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, Juntos por el Cambio le envió una carta a Horacio Rosatti para que no le tome juramento al senador Martín Doñate. Además, el senador Luis Juez, que reclama el lugar de Doñate en el Consejo, denunció a Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py por “inobservancia de los deberes de funcionario público”.