La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de los policías Rubén Oscar Páez y Miguel Kearney, por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la última dictadura en la campo clandestino conocido como “Pozo de Arana”.
  Además, el tribunal ratificó la importancia no sólo histórica sino probatoria del Juicio por la Verdad, que impulsó hace diez años la APDH de La Plata junto a un grupo de madres y familiares de desaparecidos y sirvió como camino para retomar las indagaciones cuando las leyes de obediencia debida y punto final impedían castigar a los responsables.
  La ratificación se debe a que las imputaciones contra estos policías surgieron de los testimonios oídos en el marco del Juicio por la Verdad que, luego, con la anulación de las leyes de impunidad, cobró un impulso penal al compás de la reapertura de las causas cerradas.
  Páez fue el responsable de la Brigada de Investigaciones de La Plata desde el 30 de diciembre de 1976 hasta comienzos de diciembre de 1977. Kearney, además de formar parte de la “patota” que detenía y trasladaba a las víctimas, fue jefe del centro clandestino que funcionaba en el destacamento de Arana.
  La Cámara Federal ratificó el fallo del juez de primera instancia, Arnoldo Corazza, quien había dado por probado la dependencia orgánica y funcional que la Brigada de Investigaciones de La Plata tenía en el centro clandestino de detención.
  Páez, a cargo de la Brigada, “resulta responsable de los delitos cometidos en aquel lugar conocido como «Pozo de Arana», por haber impartido órdenes y aportado medios materiales para la producción de tales hechos”, había escrito el juez de primera instancia.