Domingo 15 de Junio de 2008
La referente de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió a la presidenta Cristina Fernández la "suspensión de la resolución" de las retenciones móviles y que retire a las fuerzas de seguridad de las rutas, como forma de "mantener la paz" en el país.
Además, responsabilizó al ex jefe de Estado, Néstor Kirchner, por la represión que aplicó la Gendarmería en Gualeguaychú, y que instrumentó "el ministro de Justicia, Aníbal Fernández".
"Solicito personalmente, y en nombre de la Coalición Cívica, a la señora presidenta que, como garantía de un diálogo sincero, suspenda la resolución (número 115, del ministerio de Economía) de marzo. Es la única garantía hoy para abrir un diálogo sincero", enfatizó Carrió, en una conferencia de prensa que brindó acompañada por dirigentes de la fuerza, entre ellas Margarita Stolbizer y Patricia Bullrich.
Capricho. En tanto, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, consideró anoche que la presidenta Cristina Fernández, "por un capricho, está llevando al país por un camino muy peligroso".
"La presidenta, por un capricho, está llevando al país por un camino muy peligroso. Nos solidarizamos con el interior del país", manifestó el mandatario comunal.
Los once legisladores nacionales y provinciales del socialismo, encabezados por el senador Rubén Giustiniani, realizaron una "convocatoria urgente a un espacio de diálogo institucional en el cual el Congreso de la Nación debe tener un rol fundamental", además de "repudiar enérgicamente" las detenciones de productores agropecuarios.
El diputado nacional del PJ disidente, Francisco De Narváez, por su parte, advirtió que el gobierno "debe asegurar urgentemente la pacificación nacional" y calificó la detención de Alfredo De Angeli como "una provocación muy peligrosa".
"Hay que parar esto ya, el gobierno está jugando con la paciencia del pueblo. La detención de De Angeli es una provocación muy peligrosa. Se debe actuar con prudencia, convocar ya a las partes y no concluir la reunión hasta encontrar la salida", consideró el legislador.
"El gobierno puso a la sociedad en su contra. El uso de la violencia después de 95 días deja ver a un gobierno desorientado y sin soluciones", concluyó De Narváez.