Política

Conceden apelación a Clarín y se suspendió la norma nuevamente

El juez Horacio Alfonso giró la resolución a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, que ya había fallado contra el gobierno nacional.

Miércoles 19 de Diciembre de 2012

El juez Civil y Comercial federal Horacio Alfonso concedió ayer la apelación del Grupo Clarín contra su resolución que avaló la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual, cuya aplicación se mantiene suspendida.

Fuentes judiciales informaron que el juez hizo lugar a la apelación y la envió, con efecto suspensivo, para revisión a la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que ya falló en contra del gobierno al prorrogar la medida cautelar que beneficia al multimedio que dirige Héctor Magnetto.

"Concédese libremente" la apelación del Grupo Clarín, fue la respuesta del juez Alfonso respecto a la presentación del multimedio en contra del fallo que declaró la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la norma por el multimedio y el levantamiento de la medida cautelar que impide aplicarlos.

Alfonso aclaró que concedió la apelación "debiendo elevarse los autos oportunamente a la Cámara en la forma de estilo", lo que implica que la misma es con efectos suspensivos hasta tanto haya pronunciamiento del tribunal de alzada.

La resolución con la cual concede la apelación tiene fecha del lunes aunque se conoció recién ayer y consiste de apenas un sólo párrafo.

"El juez Alfonso concedió los recursos con efectos suspensivos; es lo que corresponde de acuerdo al código", señaló Damián Cassino, abogado del Grupo Clarín.

El próximo paso es que el apelante, esto es Clarín, amplíe los fundamentos por los cuáles requiere revocar la constitucionalidad decretada por el juez Alfonso el viernes pasado, luego de desechar los argumentos respecto a que la empresa sufriría un perjuicio patrimonial con la aplicación de la norma y que con la misma se afectaría la libertad de expresión.

Ese lapso de tiempo para aportar prueba es de diez días para el Grupo Clarín primero, y luego el mismo plazo para la otra parte, el Estado nacional, tras lo cual los jueces comenzarán a evaluar los planteos y resolver si confirma o no el fallo de primera instancia.

La Cámara quedó integrada por los jueces Susana Najurieta, Francisco de las Carreras —denunciado por el gobierno por supuestos vínculos con Clarín— y Ricardo Guarinoni, este último designado por sorteo en reemplazo de Martín Farrell.

En caso que la Cámara avale lo decidido en primera instancia por el juez Alfonso, el fallo es apelable ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tendrá la última palabra.

La Corte intervino en varias ocasiones en este caso pero sólo en lo referido a los plazos de la medida cautelar dictada en 2009 a favor del Grupo Clarín y a la cual le había establecido vencimiento para el pasado viernes 7 de diciembre, antes de que la Cámara Civil y Comercial concediera la prórroga.

La apelación de Clarín contra el fallo de Alfonso que convalidó los artículos objetados por la empresa había sido presentada el lunes a primera hora, antes de que el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunucación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, notificara al multimedio sobre el inicio de la "transferencia de oficio" de licencias, que quedó ahora temporalmente sin efecto.

El planteo pedía la reinstauración de la medida cautelar levantada el viernes, ya que para el grupo de medios la misma debía seguir vigente dado que la Cámara de Apelaciones del fuero la había prorrogado hasta el dictado de una "sentencia definitiva".

 

Investigación. En tanto el fiscal federal Gerardo Di Masi requirió emprender una investigación contra miembros opositores del Consejo de la Magistratura y jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal que intervinieron en la causa por la ley de medios, a fin de determinar si incurrieron "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público".

Fuentes judiciales informaron que el fiscal Di Masi presentó un dictamen ante el juez federal Luis Rodríguez, a quien le pidió una serie de medidas de prueba para abrir una investigación formal por supuestas irregularidades en la designación de jueces subrogantes en el fuero Civil y Comercial Federal, donde tramita la ley de servicios de comunicación audiovisual.

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