Aunque lo que acaparó la atención contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue la imputación por realizar tareas de inteligencia ilegal hubo otras dos acusaciones, entre los ocho hechos atribuidos por los fiscales, de fuerte impacto legal y político. Una es la que se refiere a sustraer de manera rutinaria fondos reservados del área de Control Policial para provecho personal de varios funcionarios de la cartera. La segunda es haber dictado órdenes abusivas y contrarias a la ley para que aplicaran violencia contra personas privadas de su libertad.

Los fiscales Javier Hernández y Federico Grinberg señalaron en la audiencia de este martes que Sain junto a la directora de Control Policial Nadia Schujman y el subsecretario de Control Diego Rodríguez se apropiaban de dinero de la partida de gastos reservados destinada a la Agencia de Control Policial. Sostuvieron haber constatado que era de manera rutinaria: que alrededor del 20 de cada mes les ordenaban a dos funcionarios policiales de Asuntos Internos__Mariana Olivieri y Ariel Montagner__ retirar del banco el dinero asignado a esa partida “para luego repartirse entre Sain, Schujman y Rodríguez parte del mismo”.

Los acusadores señalaron que esos hechos al menos tuvieron lugar varias veces. Y consignan como evidencia intercambios de contenidos de WhatsApp, en términos coloquiales, que revelan la distribución de ese dinero en presunto provecho propio. Las fechas aludidas son el 24 de marzo de 2020, el 24 de abril de 2020, el 22 de enero de 2021, el 21 de septiembre de 2021 y el 23 de noviembre de 2021.

Por estos hechos los fiscales los acusaron por el delito de peculado. La imputación concreta fue sustraer dinero de la partida de gastos reservados destinada a la Agencia de Control Policial, cuya administración, percepción y custodia les fue confiada en razón de sus cargos como funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Otra situación reprochada por los fiscales a Sain fue haber dictado órdenes abusivas e ilegales para que apliquen violencia contra personas privadas de su libertad y a subordinados le adjudican haber consentido, al bajar esas órdenes, la vulneración de derechos humanos por parte de miembros de fuerzas de seguridad.

Uno de los hechos fue el 7 de mayo de 2020 cuando, según Hernández y Grinberg, Sain se enteró de la detención de Juan Ariel Maidana por el homicidio del exfutbolista Tomás Felipe Carlovich. En esa circunstancia dictó a sabiendas una orden ilegal al instruir a Maximiliano Bertolotti (entonces Jefe de la AIC) a que lo sometan a tortura o vejaciones. Y que dos subordinados estuvieron en el acatamiento de la orden sin cuestionarla.

El 7 de febrero de 2021, Nadia Schujman tomó conocimiento a partir de un audio del abogado Fausto Yrure de que funcionarios policiales se encontrarían golpeando al menor de edad Dylan Cantero quien había sido detenido momentos antes. Schujman anotició de eso a Sain que, según los fiscales, le dijo: “Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos”. Los fiscales indican que Schujman asintió y cumplió al precisarle a la Directora de Asuntos Internos Mariana Olivierie que su actuación debía consistir en decir “que se autolesionó y que no lleguemos, que lleguemos tarde”. Según los fiscales, Olivieri manifestó entender la orden y que la transmitiría a su vez al subdirector de Asuntos Internos.