La diputada provincial Clara García (FPCyS-Socialistas) sostuvo que el aumento del 60 por ciento en la tarifa del servicio de agua potable solicitado por ASSA (Aguas Santafesinas SA) es “excesivo” y consideró que la propuesta de la empresa provincial “deja de lado distintas capacidades de financiamiento de las que podría disponer”.
La legisladora participó de la audiencia pública convocada por el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para determinar los próximos reajustes tarifarios y, en ese marco, también se refirió de manera crítica sobre otras cuestiones, entre ellas, la micromedición domiciliaria del consumo.
“En este tiempo de pandemia, de tanta necesidad del uso eficiente del agua, no podemos definir esta tarifa como contraprestación de un servicio, cuando en la mayoría de los casos se cobra por un consumo estimado en relación a la dimensión de la propiedad”, señaló García y apuntó contra “la disminución tan abrupta que ha habido en la colocación de micromedidores, que sin dudas atenta contra la equidad y la responsabilidad del uso del agua”.
También reclamó un marco normativo adecuado que defina los alcances de la tarifa social: “Hoy es mínima la cantidad de gente que accede a este beneficio. Presentamos un proyecto hace más de un año y medio para que ASSA tenga una tarifa social, basándonos entre otros en el artículo 4to. del Decreto 283/20, que establecía quienes eran los usuarios que por una determinada condición social no se le cortaba el suministro aunque tuvieran deudas, como por ejemplo quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sería una compensación justa.”, señaló.
A su vez, la legisladora reclamó “un programa de envergadura para aumentar las conexiones en los barrios vulnerables. En nuestro gobierno fue el programa “Luz y Agua Segura”; ahora podrá tener otro nombre pero comparto el pedido de la Oficina del Consumidor. Debe haber una estrategia seria de inclusión de esas familias que requieren que el agua esté disponible de manera segura”.
En materia de obras de infraestructura, García se refirió a la sequía y bajante del río Paraná, y si bien reconoció la realización de trabajos coyunturales consideró que “falta un programa estratégico para hacer frente al cambio climático y a la nueva realidad de cursos de aguas muy escasos o secos que ha venido para quedarse por un tiempo. Esta situación va a requerir de proyectos que exceden a ASSA como prestadora y que corren por cuenta de la provincia en tanto responsable de las grandes infraestructuras”, advirtió.
Asimismo, criticó la “ausencia de federalismo” al comparar los recursos que presupuesto nacional otorga a ASSA y a AySA, empresa que atiende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 localidades del conurbano bonaerense. “En noviembre el presupuesto nacional tuvo un ajuste que implicó 64.000 millones de pesos adicionales para AySA en concepto de obras y equipamiento. Para 2022, tiene asignado otros 133.000 millones, una cifra cercana a la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe. Es decir que en solo un año AySA se lleva un monto que podría ser la deuda de coparticipación de los santafesinos y santafesinas”.
En su alocución, García remarcó que la Cámara de Diputadas y Diputados “se expresa a través de leyes, comunicaciones y pedidos de informes que tienen una responsabilidad institucional”.
“En estos dos años votamos 15 iniciativas y 11 están sin respuesta, entre ellas la de la tarifa social. Les solicitamos a las autoridades que atiendan lo que se vota en la Cámara baja”, reclamó.
En ese orden, también solicitó que se tenga en cuenta y analice un proyecto presentado por el diputado José Garibay junto a otros legisladores “para constituir ASSE, la empresa de aguas como Sociedad del Estado y desarrollar toda la gestión, el marco normativo y la prestación de servicios bajo esa figura. Cuando impulsamos la reforma de la Constitución ya lo habíamos propuesto para la provisión del agua e, inclusive, el manejo de los acueductos”, recordó.