Política

Citan a indagatoria a De Vido y Calcaterra por la causa Odebrecht

Lo dispuso el juez De Giorgi, quien investiga la adjudicación de las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Sábado 21 de Abril de 2018

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó ayer a declaración indagatoria a 49 acusados —entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Angelo Calcaterra y el lobbista Jorge Corcho Rodríguez—, en la investigación por presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por la brasileña Odebrecht durante el kirchnerismo.

Las pruebas, según sostuvo el juez, "permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación al proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas" a entonces funcionarios públicos, según la resolución firmada en una de las causas que se tramita en la Justicia argentina a raíz del escándalo suscitado por el Lava Jato brasileño.

Martínez De Giorgi citó a De Vido —preso ya en la causa por corrupción en Río Turbio—, a los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime (también detenido) y Juan Pablo Schiavi, y al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, en un extenso listado que incluye además al ex secretario de Obras Públicas José López, sorprendido cuando, en 2016, intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.

En cuanto a los empresarios, serán indagados integrantes de Iecsa SA, Ghella SA, Odebrecht y Caesa SA, las empresas del consorcio que se adjudicó las obras.

Entre los citados están el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Antonio Calcaterra, y Santiago Altieri (de Iecsa SA), Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (de Ghella SA) e Ignacio Soba Rojo (de Caesa SA).

La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, fecha de citación para Corcho Rodríguez, imputado como supuesto "intermediario" entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.

La investigación comenzó en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña a raíz de informes surgidos en medio del escándalo brasileño del Lava Jato, tal como se denominó la investigación sobre el pago de multimillonarios sobornos por parte de Odebrecht para adjudicarse obra pública en distintos países.

Según un informe de la policía de Brasil, dos de las empresas del consorcio vinculadas al ahora preso Jaime y a su también detenido "asesor" Manuel Vázquez habrían sido usadas para el pago de sobornos por parte de Odebrecht mediante la cuenta offshore de la empresa Klienfeld Service.

"Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular" de la licitación, remarcó el juez en la resolución.

El juez advirtió que "se observa que en lo que respecta a la obra para soterrar el Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras".

La primera consistía en "pagos a la empresa Caesa SA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes" y la otra se realizaba "mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".

Documentos secuestrados en distintos allanamientos e informes de la Afip pedidos en la investigación permitieron establecer que "tanto las empresas Comsa SA como Iecsa SA registraron operaciones con la empresa Caesa SA, al menos durante los años 2005 a 2009, en concepto de «servicios de consultoría»".

Estos "servicios", para la Justicia inexistentes, fueron compensados con "pagos efectuados por Iecsa SA a Caesa SA a partir del 13 de diciembre de 2005 hasta el 1º de septiembre de 2009 por un monto total de 730.363,16 pesos, suma que trasladada a dólares a una cotización de $3,26 arroja un total de 223.694,68 dólares", calculó el juez.

Ese total fue pagado con cuotas mensuales por parte de Iecsa mientras que Comsa SA realizó pagos a Caesa "en el período comprendido entre el 1º de marzo de 2007 y el 10 de diciembre de 2009, por un total de 263.097,56 pesos, suma que trasladada a dólares a una cotización de $3,44 arroja un total de 76.282,68 dólares".

Según lo confesado en Estados Unidos, la constructora brasileña pagó entre 2007 y 2014 un total de 35 millones de dólares a intermediarios para sobornar a funcionarios públicos argentinos.

"Varios de esos pagos estaban vinculados, al menos, con tres de los proyectos de infraestructura de los que Odebrecht obtuvo ganancias por U$S 278 millones entre los años 2011 y 2014", remarcó el juez.

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