Política

Citan a audiencia por la constitucionalidad de la norma que impide imputar a Traferri

Será el martes a las 18. Allí también debe resolverse el pedido del Senado para que archiven la causa contra el legislador, que faculta a la vicegobernadora a "ser parte" en el proceso.

Sábado 20 de Marzo de 2021

El pedido de inconstitucionalidad sobre la norma que permite al senador provincial Armando Traferri no presentarse a la audiencia imputativa a la que fue citado por dos fiscales por una causa de juego ilegal será analizado el martes próximo a las 18 en una sala del Centro de Justicia Penal de Rosario. La audiencia en la que se analizará el asunto será presidida por la jueza Eleonora Verón.

En esa misma ocasión se atenderá también el reclamo elevado por los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para que se separe de la carpeta judicial el pedido de que se archive la causa abierta contra Traferri, elevado por el Senado de la provincia con la firma de la titular de ese cuerpo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien pidió ser oída en el trámite. Los acusadores consideraron tal solicitud una intromisión que viola la independencia de poderes.

Edery y Schiappa Pietra sostienen que cuentan con elementos "serios y verosímiles" para imputar al senador por el departamento San Lorenzo de la comisión de delitos y afirman que la evidencia con la que cuentan permite acusarlo como autor o partícipe de un delito doloso.

Los hechos que le reprochan a Traferri lo vinculan a una red de personas que tenían como objeto administrar un sistema de apuestas y juego ilegal en la provincia de Santa Fe, y favorecer a los líderes de esa organización con ventajas ilícitas a partir de la protección policial y judicial para que pudieran obtener beneficios económicos.

>> Leer más: La Cámara de Senadores rechazó el pedido de desafuero de Armando Traferri

En diciembre pasado los fiscales pidieron levantar la inmunidad del legislador para poder imputarlo en una audiencia. Pero por decisión mayoritaria el Senado rechazó el desafuero. Frente a eso los fiscales le solicitaron al Colegio de Jueces de Rosario que se declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal que traba la imputación de Traferri. Aducen que no poder investigar a un legislador por un delito presunto va en contra de lo que establecen la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y tratados internacionales de jerarquía constitucional. Ese es un primer tema que debe ser resuelto en la audiencia.

El otro tema importante es algo que originó un conflicto de poderes hace tres semanas cuando Rodenas, como presidenta del Senado, remitió al Colegio de Jueces una nota en la que esa institución le “hace saber” al juez del caso “que no puede avanzarse” en la causa contra Traferri, lo que en lo que a él respecta implica el archivo del caso. Eso fue considerado una intromisión sobre la jurisdicción de un juez independiente de parte de los dos fiscales y de todo el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El artículo 4 de la resolución del Senado comunica que se faculta a Rodenas para interponer ante el juzgado ese texto a fin de ser tenida en cuenta como parte en el proceso. Los fiscales señalaron que esa nota es ilegal dado que ni la vicemandataria ni mucho menos el Senado de Santa Fe tienen legitimación procesal para ser parte en el trámite. Y por tanto pidieron que se desglose la nota de la carpeta judicial y se la devuelva al Senado.

En la audiencia del martes se presentarán los fiscales Edery y Schiappa Pietra. No fue confirmado si están citados Traferri, que es a quien los fiscales solicitan imputar, y Rodenas que firmó la nota rechazada en la que se pide el archivo de las actuaciones contra Traferri y que aclaró en el sitio web del Senado que el pedido de ser tenida como parte implica ser oída en el proceso.

En la misma audiencia estará sentado el empresario Leonardo Peiti, que ya está imputado como organizador de asociación ilícita en la causa de juego ilegal. Lo que debe definirse es un conflicto a raíz del pedido de Peiti que lo habilite a firmar semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial la condición que lo ata al proceso en libertad en la ciudad de Cañada de Gómez, algo con lo que los fiscales están en desacuerdo, ya que piden que la firma la haga en Rosario.

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