El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Sebastián Creus, tendrá que resolver en los próximos días la controversia judicial surgida en torno al acceso de las pruebas recolectadas en el marco de la causa que investiga por presunto espionaje ilegal al ex ministro Marcelo Sain y su equipo de colaboradores durante la gestión en el Ministerio de Seguridad. También, el magistrado santafesino deberá resolver sobre la duplicidad de los plazos requerido por los fiscales.

En una audiencia celebrada hoy a la mañana en Tribunales, ambas partes (fiscales que llevan el caso y los abogados defensores) no se pusieron de acuerdo ni se movieron de sus posiciones. Los primeros sosteniendo que el secreto sobre la documentación recolectada en el Ministerio de Seguridad está reservada y no bajo secreto toda vez que se puso a disposición de la defensa, días pasados.

Los abogados defensores, por su parte, siguen restando validez a lo que califican de allanamiento ilegal, por falta de orden judicial precisa, en las oficinas ministeriales que estaban bajo la conducción de Sain y rechazan que se les haya permitido acceso real a la documental porque se les puso a disposición para su revisión en las oficinas de la fiscalía. Algo que, insistieron, impide un análisis preciso y minucioso de un expediente cuyo volumen es enorme.

El abogado Juan Lewis, que representa a varios ex funcionarios de Seguridad acusados de espionaje, fue directo: “Si no nos permiten un acceso irrestricto para que podamos fotocopiar las actuaciones hay un impedimento liberado para el ejercicio del derecho de la libre defensa”.

Otro eje por el que pivoteo la defensa esta dado por la circunstancia de que pasados seis meses ya, los fiscales no logrado elementos para estructurar ninguna imputación ninguna. En ese sentido, apuró a los fiscales pidiéndoles que si no tienen qué o con qué imputar, no imputen. Hipótesis que, en los hechos, daría por finiquitada la causa.

En la otra vereda, el fiscal Jorge Nessier pidió al juez que mantenga la reserva de la investigación dispuesta por la jueza Rosana Carrara. Y aseguró que el derecho a la defensa se garantizó al poner a disposición a los abogados parte de las actuaciones de la causa. Aclaró, no obstante, que existe información sensible que por ahora debe resguardarse.

Los cruces de fiscales y defensores son el leimotiv de la investigación de la presunta comisión de un delito que para la impresión personal del Fiscal de Estado, según se lo dijera a los diputados provinciales, no tiene indició de que haya sucedido.

Rubén Weder, el fiscal, sólo se limitó a expresar que es intención del Ejecutivo, al que representa como querellante en la causa, que se resuelva con la mayor premura precisando que su presencia en la audiencia solo debía vincularse al presunto espionaje ilegal y no a la compra de armas que ordenó Saín y frenó la propia provincia. Es decir, según Weder, en este caso ya intervino en tiempo y forma el Ejecutivo con contralor y la posterior suspensión de la compra cuestionada.

La causa tuvo su inicio en agosto del 2021, tras la denuncia del entonces subdirector del Organismo de Investigación del MPA, Víctor Moloeznik, quien alertó a los fiscales provinciales sobre una supuesta trama de espionaje ilegal montada en la cartera de Seguridad y que habría sido encabezada por Sain.

Meses después, el caso salió a la luz cuando policías del Organismo de Investigaciones realizaron un allanamiento en las oficinas de la sede de gobierno en la ciudad de Rosario, en donde secuestraron documental para la investigación que encabezan los fiscales Hernández y Jiménez.