La denominada causa Cuadernos tuvo este jueves su quinta audiencia y el Ministerio Público Fiscal volvió a colocar en el centro de la acusación a la expresidenta Cristina Kirchner, a quién se le atribuyó ser la “principal receptora” de los sobornos que empresarios entregaron a funcionarios del Poder Ejecutivo.

En el tramo leído ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, la fiscalía sostuvo que los sobornos investigados constituyeron “actos delictuales” garantizados por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista y señaló a la exjefa del Estado como la “principal receptora” de esos pagos.

Según la acusación, ese mecanismo permitía a los funcionarios enriquecerse y asegurar la continuidad del circuito recaudatorio durante los años en que el expresidente Néstor Kirchner y CFK ocuparon la conducción del Ejecutivo.

Durante la quinta jornada del debate, el TOF Nº 7 finalizó la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli y avanzó sobre la tercera pieza procesal.

Cristina y la operatoria

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó dentro del Ejecutivo una asociación ilícita integrada por 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, dedicada a un sistema de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras y contratos públicos.

En ese tramo, la fiscalía profundizó la imputación contra la expresidenta al sostener que los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno y reconstruidos en la investigación formaban parte de un circuito de sobornos “perfecto”, en el que ambas partes (funcionarios y empresarios) obtenían beneficios.

En el caso de la máxima autoridad del Ejecutivo, la acusación ubica a Cristina como destinataria central de esa operatoria.

En la audiencia también se repasaron imputaciones por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, junto con los descargos, la valoración probatoria y la calificación legal de cada imputado.

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Entre los acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y funcionarios de esa cartera, el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta y empresarios vinculados a firmas como Electroingeniería, Isolux e Isolux Corsán.

Cerca del final de la jornada se inició la lectura del tercer tramo de la causa, que abarca presuntos pagos vinculados a la adjudicación de obras públicas y nuevas imputaciones contra exfuncionarios y empresarios del sector de la construcción.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 2 de diciembre próximo, a las 13.30, cuando se completará la lectura del tercer requerimiento: anotaciones de Centeno, descargos, valoración probatoria y calificación legal.