El Partido Socialista (PS) de Santa Fe le exigió al gobernador Omar Perotti que dé “explicaciones públicas urgentes” sobre los audios filtrados de su ex ministro de Seguridad Marcelo Sain en donde se desprende espionaje ilegal y tráfico de influencias dentro del propio gobierno. A su vez, convocarán al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que cuente qué está realizando la Casa Gris como querellante en la causa y qué resultados arrojó la auditoría interna ordenada por el mandatario cuando salió el caso a la luz pública en noviembre pasado, tras dos allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad.
La junta provincial del partido se reunió ayer para fijar posición frente a los escandalosos audios entre Sain y su equipo de colaboradores en la cartera de Seguridad. Para el PS, el caso conlleva “una crisis institucional grave y profunda sin precedentes” que debe ser investigado por la Justicia, pero, sobre todo, explicado públicamente por todo el gobierno provincial.
“Santa Fe vive una grave y profunda crisis institucional sin precedentes en tiempos de democracia, que se agudiza más aún mientras atravesamos uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad en la provincia”, sostiene en el primer párrafo del “paper” socialista.
Luego enumera una serie de delitos que se desprenden de los audios difundidos, todos ellos, según denuncia el socialismo, pensado y ejecutado dentro del Ejecutivo provincial: inteligencia ilegal, tráfico de influencias sobre integrantes del Poder Judicial, detenciones ilegales y eliminación de documentos públicos en las oficinas del Estado.
“Si se comprueba la veracidad de estos audios -y que los mismos pertenecen a los y las funcionarios mencionados- estaríamos frente a un escándalo institucional que pondría en riesgo los estándares mínimos de democracia y de legalidad propia del Estado de Derecho”, sostiene el PS santafesino.
Y agrega: “Asimismo, dejaría a las claras que mientras la provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, sus funcionarios, en lugar de ocuparse de la gestión cotidiana de dicha área, utilizaron las herramientas del Estado para cometer actos ilegales”.
Joaquín Blanco, presidente del bloque socialista en Diputados, dijo a La Capital que están evaluando acciones conjuntas con otras bancadas en la Legislatura sobre este “escándalo institucional sin precedentes”.
La forma en que tendrá está acción política, más allá del frente judicial, dependerá también de lo que vaya pasando en los próximos días. La sospecha (o certeza) es que hay muchos más audios, atento a la voluminosa prueba recolectada de los celulares secuestrados de los ex funcionarios de Seguridad.
Los audios en cuestión forman parte de la causa por espionaje ilegal que investiga ahora el fiscal Ezequiel Hernández. Al principio, cuando se produjeron los allanamientos en noviembre de 2021, trabajaba con su colega Mariela Jiménez, quien pidió la jubilación anticipada hace poco tiempo (ver aparte).
A pesar de que la recolección principal de pruebas se produjo hace ya casi un año, todavía no hay ningún imputado en la causa.
“Si bien el contenido de los teléfonos está en manos de la fiscalía, y también de las querellas, desde hace unos 15 días (se llevaron a Brasil para desbloquearlo), es raro que todavía no haya una medida concreta. Por eso pedimos que se haga una audiencia imputativa cuanto antes, a más tardar, en diez días”, agregó Blanco en diálogo con este medio.
Por lo pronto, el PS provincial seguirá reclamando explicaciones públicas a Perotti y también quieren conocer qué arrojó la auditoría interna que ordenó el gobernador al fiscal de Estado ni bien se conoció la investigación sobre espionaje ilegal que habría encargado Sain contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Se calcula que hay más de 600 carpetas con “perfiles” de personas, según lo recolectado en los allanamientos de noviembre de 2021.
Sain dejó su cargo en el Ministerio de Seguridad en marzo de 2021 y cuando quiso retomar su trabajo como director del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, lo desafectaron del cargo. Luego pasó a colaborar con Aníbal Fernández en la cartera de Seguridad nacional.
Es por eso que el socialismo le reclama al presidente Alberto Fernández que separe por el momento a Sain del equipo de Seguridad de Aníbal Fernández.
“Es imperioso que ninguna persona imputada por esta causa cumpla, mientras tanto se investigue, funciones en el Poder Ejecutivo provincial o nacional, hecho que exigimos tanto al gobernador Perotti como al presidente de la Nación, Alberto Fernández, especialmente para que desde estos lugares de poder no se pueda interferir u obstaculizar las tareas de investigación”, sostienen.
Jubilación anticipada
Extrañamente, Mariela Jiménez, una de las fiscales que inició la investigación sobre espionaje ilegal, pidió el 1º de agosto pasado y le fue otorgada la jubilación anticipada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
Sin que hubieran trascendido las razones, la fiscal decidió hacer uso de todos los días de licencia que tenía pendiente y después empalmar con su jubilación anticipada, que le correspondería recién para dentro de dos años y medio.
Jiménez tiene 57 años y, si bien no tenía la edad para jubilarse, aprovechó el sistema previsional santafesino permite la compensación de años. Se había tomado licencia a fines de mayo y en agosto cobró la jubilación por primera vez.
Se apartó en momentos en la fiscalía debería comenzar a preparar las demoradas imputaciones contra los ex funcionarios.
A más de un año de los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad las imputaciones todavía no se concretaron.
En paralelo, la filtración de audios redundó en el apartamiento del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del proceso de concurso y selección de los futuros fiscales del MPA.
