Política

Caso Sain: el procurador dice que la Corte no debe intervenir

Dictaminó contra el per saltum que piden en la Legislatura. Pero habló del agotamiento de la Constitución provincial. Y se refirió como ejemplo al caso de Traferri.

Jueves 22 de Julio de 2021

El procurador de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre, se pronunció en contra de que la Corte Suprema de la provincia tome intervención directa en el trámite en el que se busca investigar por presuntas faltas graves al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. "No hay gravedad institucional cuando el Poder Judicial está haciendo su trabajo", sostuvo el procurador, para indicar que el expediente no debe ser retirado del ámbito de la Cámara de Apelación Laboral, a la manera de un "per saltum". Se trata de una respuesta al pedido a la Corte del presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, el diputado Fabián Bastía, que reivindica a la Legislatura como el ámbito en el que se debe dirimir el proceso disciplinario contra Sain, por lo que pide en consecuencia que le restituya el trámite.

Todo se origina en el fallo de la jueza Paula Calace Vigo que había aceptado el amparo de Sain para no ser investigado por la Legislatura y ordenado a esta el archivo del proceso disciplinario a Sain que es director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Eso implicó una apelación de parte de Bastia. Pero al mismo tiempo un recurso para que la Corte Suprema se avoque directamente al caso, es decir, que lo absorba directamente para resolver. Esto último es lo que Barraguirre aconseja al máximo tribunal no hacer.

El dictamen de Barraguirre tiene motivos técnicos. Pero sus 19 páginas contienen un planteo que va más allá del reclamo específico. El procurador indica que la Constitución provincial da síntomas de agotamiento en relación a las dinámicas políticas actuales. Y al referirse a ello alude como ejemplo al planteo que cuestiona investigar por un delito presunto al senador provincial Armando Traferri en base a la inmunidad de sus fueros. El procurador señala que al concebirse la Carta Magna provincial vigente en 1962 se buscó estabilizar un gobierno minoritario con escaso tiempo de deliberación. El resultado fue para Barraguirre "una Constitución de especialistas que nadie sostuvo políticamente y los sucesivos fracasos reformistas generaron esta especie de fatiga constitucional en la que vivimos".

¿Qué problemas presentaría la Constitución provincial? El procurador cree que ésta en la actualidad dificulta proponer acuerdos razonables sobre asuntos en permanente discusión. Pone como ejemplos el carácter vitalicio de la condición de juez, el voto joven, la autonomía municipal, la duración de los mandatos comunales, la extensión de los fueros parlamentarios. Y finalmente el tema que pide el diputado Bastía: la participación de la Legislatura en procesos judiciales contra funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), es decir, las fiscalías o sus órganos de apoyo como el OI, donde está Sain.

Lo que parece estar buscando Barraguirre más allá del caso concreto es dejar una recomendación, desde su lugar institucional, como un modo de aproximarse al Derecho, sobre todo en momentos difíciles. Subraya que toda lectura de un caso debe ceñirse a un ideal de integridad y a un principio de lealtad normativa. Afirma que rigen deberes éticos, de prudencia y de sinceridad. Vale decir que no se puede, a criterio de Barraguirre, hacerle decir cualquier cosa a la Constitución, por cuestiones de conveniencia interpretativa. Debe importar el texto pero también el resultado. El dominio de un excesivo reglamentarismo, entiende el funcionario jerárquico, puede producir injusticias.

Bajo este enfoque afirma que la reciente determinación del camarista José Luis Mascali, que consideró inconstitucional el artículo que impide citar al senador Traferri a audiencia imputativa, no luce a su criterio ni arbitraria ni irrazonable. "Puede sonar extraño que una cláusula constitucional sea inconstitucional, pero la Constitución Provincial no deja de ser una norma que, bajo ciertas circunstancias, debe acomodarse a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales celebrados por la República Argentina", observó.

Para Barraguirre la alternativa adecuada del juzgamiento a Sain por faltas disciplinarias es al interior del MPA como cree que debió ocurrir con el trámite del fiscal Adrián Spelta. Este es un caso en el que el fiscal cuestionó que la Legislatura lo esté juzgando. Pero la Corte Suprema de la provincia avaló el trámite que le da a la Legislatura el control de las faltas de los fiscales por cuatro votos contra dos. Barraguirre se había pronunciado en contra de que la Legislatura tuviera en exclusividad esa función.

Ahora los seis ministros de la Corte Suprema deben resolver si toman directamente el trámite como les requirió la Legislatura. O si el caso debe ser resuelto como señala el procurador enteramente por la Justicia Laboral.

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