Buenos Aires._ El Tribunal Oral Federal Nº3 porteño analiza el planteo de tres de los acusados por el caso IBM-Banco Nación, que pidieron revisar el acuerdo al que se había llegado con la Fiscalía en un juicio abreviado para poner punto final a la causa y cerrarla con una condena que evitara la cárcel para los imputados y garantizara la devolución de 18 millones de pesos al Estado.

Si bien se creía que el caso estaba cerrado luego del acuerdo que había aceptado el tribunal, ahora tres de los sentenciados apelaron la condena por distintos motivos y amenazan con llegar a la Cámara de Casación.

Se trata del planteo que hicieron el entonces subsecretario general de la Presidencia Juan Carlos Cattáneo y su cuñado Alejandro De Lellis, quien era presidente de la firma CCR, y el entonces vicepresidente de IBM Gustavo Soriani.

El abogado Mariano Silvestroni, uno de los defensores de esos procesados, justificó esa presentación, rechazó las denuncias del Ministerio Público por un supuesto accionar de mala fe de parte de los letrados defensores y aseguró que el juicio abreviado habría sido una “maniobra orquestada” con la Fiscalía para absolver al ex presidente de IBM Argentina Ricardo Martorana.

El mes pasado, el tribunal había aceptado condenarlos a la pena de dos años y tres meses de cárcel, también en suspenso. Junto a ellos también fueron condenados Alfredo Aldaco a tres años, junto a Genaro Contartese, Mario Dadone y Hugo Gaggero, que recibieron dos años y medio.

Los cargos por los que fueron penados son administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de cohecho activo o pasivo.

Ahora, sin embargo, la fiscal del caso, Sandra Namer, y dos ONG's que actuaron en el proceso denunciaron que los abogados defensores de Soriani, Cattáneo y De Lellis actuaron de mala fe al desconocer el acuerdo firmado.

Sin embargo, Silvestroni, defensor de De Lellis, desmintió esos cuestionamientos y advirtió que el Código Procesal Penal “permite que luego del juicio abreviado se interponga planteos a Casación, una facultad legal que es irrenunciable”.

Silvestroni explicó que los recursos de estos tres involucrados que apelaron “no afectan al resto” de los ya condenados.

De Lellis y Soriani plantearon que “la condena era improcedente porque había operado la prescripción”, mientras que Cattáneo agregó además que “el acuerdo se violó porque le redactaron el hecho de una manera diferente al acordado”, dijo el abogado.

Bajo análisis

Ahora el TOF 3 tendrá que analizar si concede los recursos para que sean analizados por Casación, pero aún si fueran rechazados les queda la instancia de la Corte Suprema.

Para Silvestroni, “las ONG indebidamente intervinieron en el trámite de esa causa, presentaron un escrito ofensivo pidiendo que se rechazaran los recursos de Casación y en ese escrito califican a los abogados de actuar de mala fe, con diversos calificativos totalmente inusuales en una presentación judicial. Pero lo que hicieron las defensas de tres imputados fue ejercer un derecho que expresamente les otorga la ley procesal y que ellos (la fiscalía y las ONG) conocían”.

El abogado desmintió además que su defensa y la de Cattáneo hayan “promovido el acuerdo”.

“Nosotros nos opusimos hasta último momento porque advertimos que el trámite era una maniobra orquestada para absolver a Martorana, y no se absolviera a otros imputados que estaban en mejor situación procesal”, afirmó.