Mientras el ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza se negó a declarar ayer en el marco de la indagatoria por el crimen de Mariano Ferreyra, hecho por el cual se encuentra acusado, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº21 —que juzga el homicidio del militante del Partido Obrero— que el procesado y detenido Cristian Favale nunca abandonó la cárcel de Ezeiza para asistir a un evento cultural porque no llegó la autorización judicial.
"Voy a declarar, pero más adelante", dijo Pedraza a los jueces, ante quienes dijo que tenía un ingreso mensual de 25 mil pesos.
Por su parte, el SPF informó por escrito que Favale nunca abandonó el penal para asistir a un acto promovido por Vatayón Militante de carácter cultural en la Academia Superior de Estudios Penitenciarios Roberto Petinatto.
No obstante, el tribunal informó que recibió un pedido de autorización del SPF sobre Favale, aunque llegó varias semanas después de la fecha en que se pedía el traslado.
Lo llamativo en el caso es que el pedido de autorización lo hicieron equivocadamente al juzgado a cargo de Wilma López y no al que lleva el juicio y ante el que está a disposición el detenido. Por ello, el pedido de autorización dos semanas más tarde al TOC 21.
El pedido de informe para saber si Favale salió del penal lo había realizado en la segunda jornada de juicio la abogada querellante Claudia Ferrero.
Ferreyra se encuentra en prisión preventiva como supuesto autor material de los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron a otros tres manifestantes el 20 de octubre de 2010.
Videos y fotografías. En una nueva jornada del juicio, ayer continuó la proyección de videos y la exhibición de fotografías tomadas el día de los incidentes, cuando una patota de la Unión Ferroviaria atacó a manifestantes que reclamaban su pase a planta permanente del Ferrocarril Roca, movilización que era apoyada por el Partido Obrero, donde militaba Ferreyra.
En tanto, Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, destacó el acompañamiento de amplios sectores de la política y del sindicalismo al juicio donde se dirimen responsabilidades por el crimen cometido en 2010 y valoró la preocupación de la presidenta Cristina Fernández por haber "puesto en la agenda política al juicio".