Los procesamientos con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios como Roberto Baratta (estos dos últimos detenidos), serán revisados por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
También ocurrirá lo propio en el caso del detenido empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, luego de que la Cámara Federal porteña concediera los recursos de apelación de las defensas.
El máximo tribunal penal del país revisará, de ese modo, las prisiones preventivas ratificadas por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la resolución que confirmó los procesamientos en diciembre pasado.
Durante enero están a cargo del tribunal jueces en una sala de feria, por lo que habrá que ver si se habilita el receso para tratar los pedidos o se aguarda a febrero próximo, cuando retornen a sus puestos los magistrados de la Sala I que intervienen en la causa: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.
Dos de ellos, Petrone y Figueroa, actuarán como jueces de feria la segunda quincena de enero en los Tribunales Federales de Retiro junto a sus colegas de otras salas, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.
Las apelaciones fueron presentadas por los detenidos en la causa cuyos procesamientos con preventiva dictados por el juez Claudio Bonadio quedaron confirmados en la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal intermedio de apelaciones.
Se trata de Cristina, quien permanece libre porque tiene fueros parlamentarios como senadora nacional, De Vido, Baratta y los ex funcionarios Nélson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, además del empresario Ferreyra, todos acusados como presuntos miembros de asociación ilícita y cohecho.
Casación también revisará la situación de un grupo de empresarios que se acogieron a la ley del arrepentido y que tenían falta de mérito por parte de Bonadio en una decisión revocada por la Cámara Federal, que los procesó por cohecho aunque sin ordenar su prisión, como Héctor Sánchez Caballero (de Iecsa), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona).
Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada peronista en la Cámara alta, adelantó en su momento que no habilitarán el desafuero de Cristina hasta que no haya una sentencia firme.
La Cámara habilitó las apelaciones sobre las preventivas, pero no los pedidos de nulidades planteados.
De ese modo, será Casación la que también deba decidir respecto de los procesamientos y las nulidades pedidas por los empresarios Angelo Calcaterra (ex Iecsa), Enrique Pescarmona (grupo homónimo) y Luis Betnaza (Techint), entre otros.
Boudou
El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, volvió a rechazar ayer el fallo que favoreció al ex vicepresidente Amado Boudou con la excarcelación en la causa Ciccone. "(Boudou) debería estar preso. Hemos planteado que el principio de inocencia cede cuando una persona es condenada por un tribunal", aseveró el funcionario.