El secretario de Salud del municipio, Leonardo Caruana, consideró que la legalización del aborto garantiza el acceso a las mujeres al sistema de salud y desmintió que la sanción de la ley tenga como consecuencia un aumento de las interrupciones voluntarias de embarazo o el incremento de los costos en el sistema de salud.
"No van a existir más abortos porque la práctica sea legal. Creo que atrás de ese argumento se esconden posiciones prejuiciosas", sostuvo el funcionario y consideró que la norma "garantiza que no el aborto no sea clandestino".
De acuerdo a lo sucedido en otros países donde se legalizó el aborto, sostuvo, "puede haber una primera demanda mayor en relación a lo que pasa habitualmente cuando las personas no encuentran acceso al lugar a donde deben hacerlo que es el Estado, pero todos los referentes en relación a salud integral y derechos que han analizado este tema advierten que "no hay más demanda porque exista una práctica garantizada, lo que trae la ley es la posibilidad de decidirlo y hacerlo en forma legal y no clandestina".
La experiencia del sistema de salud público rosarino fue expuesta como ejemplo en las dos oportunidades que los legisladores nacionales discutieron la legalización.
En la ciudad desde 2012 no hay muertes maternas por un aborto provocado. Un logro sostenido por una batería de políticas sexuales y reproductivas integrales basadas en derechos: centros de salud cercanos a la gente, métodos anticonceptivos gratuitos, una interpretación amplia de las causales de aborto incluidas en el artículo 86 del Código Penal, accesibilidad a misoprostol y a la posibilidad de aspiración manual endouterina (Ameu), métodos seguro para la interrupción del embarazo.
"Nosotros valoramos y adherimos a la ley que se votó, fuimos parte de esta discusión tanto en Diputados como en Senadores porque consideramos que Rosario es un faro en lo que significa un Estado que garantiza derechos. Esto sucede porque se puso dar una relación estrecha entre las demandas colectivas y las políticas de Estado y un proceso de transformación del Estado a partir de los colectivos sociales", valoró Caruana.
Y consideró que desde hace tiempo en Rosario la interrupción del embarazo se aborda como un problema de salud, con estrategias y miradas cercanas, desde los centros de salud barriales y en vínculo con las mujeres. En este sentido, destacó, "no aumentó el número de interrupciones de embarazos cuando garantizamos el acceso a misoprostol y Ameu, lo que sí sucedió fue la disminución de la mortalidad materna".
Para garantizar derechos
En este sentido, consideró que la ley será clave para brindar mayor seguridad a los equipos de trabajo en los centros de salud para "seguir sosteniendo lo que veníamos haciendo" y se comprometió a gestionar "todo lo que tenemos que hacer en el marco de lo que se ha votado, contemplando la objeción de conciencia, pero contemplando también que todos los equipos puedan atender esta práctica cuando sea necesario".
Para el secretario de Salud, la legalización tampoco conllevará más costos al sistema de salud pública ya que permitirá la detección más temprana y la posibilidad de emplear técnicas menos invasivas para la interrupción del embarazo, pero sobre todo porque eliminará la asistencia de la complicación de prácticas no realizadas con los métodos correspondientes "que no sólo tienen costo para el sistema de salud, sino sobre todo para la vida de las personas".
Además, recordó que entre las mujeres que llegan a los centros de salud porque consideran que su embarazo es inviable, hay un porcentaje importante que cuenta con cobertura de la seguridad social. "Lo que tendremos con esta ley es un marco de equidad e igualdad en el acceso para toda la población, independientemente de su condición de clase y del subsector de la salud al que corresponda", consideró y advirtió sobre la necesidad "de que la reglamentación de la ley regule el acceso a toda la población y a todas las coberturas de salud".