Los partidos integrantes del frente Cambiemos en La Rioja presentaron ayer un amparo ante la Corte Suprema de la Nación para que suspenda por "inconstitucional" la consulta popular convocada por el gobernador Sergio Casas (PJ) para el 27 de enero, que le posibilitará la tercera reelección al frente del Ejecutivo provincial.
El escrito fue elevado, con el patrocinio letrado del abogado Ricardo Gil Lavedra, por los diputados nacionales Héctor Olivares (presidente de la UCR de La Rioja) y Marcelo Wechsler (interventor del PRO en La Rioja).
Los representantes de Cambiemos solicitaron que se habilite la feria judicial "para que la Corte se expida de urgencia" a fin de "evitar que se consume el atropello constitucional, con el consiguiente deterioro institucional para la República y tratar que el pronunciamiento llegue en tiempo útil para que no se tornen ilusorias las garantías republicanas", es decir antes del 27 de enero.
Expresaron que recurrían a la Corte por "la arbitrariedad e inconstitucionalidad manifiesta de la ley provincial 10.161 de enmienda constitucional". Mediante esta ley, se modifica la Carta Magna riojana para permitir una nueva reelección del gobernador riojano Sergio Casas.
La consulta (con un padrón de 280.500 riojanos) tratará de "convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país", dice el escrito.
"Con esta presentación —agrega— pretendemos resguardar las instituciones de la provincia. Queremos impedir que la Constitución de La Rioja sea un traje a medida de los gobernantes. Casas y sus aliados quieren mantenerse a toda costa en el poder para preservar su impunidad", manifestó luego Olivares.
El amparo presentado por Cambiemos es contra el Estado provincial, y entre sus fundamentos cuestiona el trámite por el cual se sancionó la ley provincial 10.161, que habilita a modificar la Constitución riojana con el fin de permitir al actual gobernador acceder a un tercer mandato (fue electo vicegobernador en 2011 y gobernador en 2015).
Entre estos argumentos, Cambiemos planteó que la sesión extraordinaria de la Legislatura del 19 de diciembre (que avaló el plebiscito) no fue convocada por el gobernador ni por el vicegobernador, titular de la Cámara baja provincial, ya que lo hizo la vicepresidenta primera del cuerpo, Adriana Olima, "excediéndose en sus facultades".
Cambiemos advirtió que la Carta Magna provincial permite las enmiendas siempre que medie un interés general de la población, "algo que en esta oportunidad no está a la vista".