La Federación Agraria Argentina (FAA) reclamó ayer al gobierno santafesino que retire el proyecto que propone un aumento en la alícuota del impuesto inmobiliario rural que se tributa en la provincia. La entidad que conduce Eduardo Buzzi rechazó así el proyecto de reforma tributaria presentado por el Poder Ejecutivo santafesino en la Cámara de Diputados provincial "en forma unilateral".

Advirtió que la propuesta fue girada "sin la consulta de ningún sector económico y social involucrado, cayendo en una grave metodología de gobierno, que el sector agropecuario repudió a nivel nacional". Además criticó "la falta de oportunidad política y económica de aumentar considerablemente los tributos provinciales a pocas semanas de que los productores de la provincia y del país protagonizaran un paro agropecuario nacional de carácter histórico, en contra de metodologías autoritarias de gobierno y de un sistema tributario regresivo".

Asimismo, subrayó que "los productores de Santa Fe padecen una sequía que está ocasionando pérdidas millonarias y caídas en la siembra y producción del trigo, maíz, así como graves perjuicios en la cadena ganadera, que en números del propio gobierno provincial asciende a 1.700 millones de pesos". Señaló que "lo que se propone para el Impuesto Inmobiliario Rural implica un aumento de avalúo que no sigue los principios básicos de equidad y capacidad contributiva ya que en los hechos un pequeño propietario de 88 hectáreas en el Departamento Rosario que en la actualidad paga anualmente 1.612 pesos, con el nuevo proyecto tributará 8.888".

Puntualizó que la reforma tributaria propone "subir la alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que va a repercutir considerablemente en el sector agropecuario". En la provincia de Entre Ríos, los productores consiguieron que se suspendiera por un mes la aplicación del aumento del impuesto inmobiliario rural en la zona, luego de una marcha realizada el miércoles pasado hacia la Legislatura y la Casa de Gobierno. El ministro de Economía de Entre Ríos, Diego Valiero, confirmó a la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias que se dispuso una suspensión por treinta días del incremento del impuesto inmobiliario rural, al tiempo que se anunció una ronda de diálogo con las entidades rurales.