El ex represor Antonio Domingo Bussi acusó ayer al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de "subversivo", negó la figura del desaparecido, al considerarla como "un arbitrio psicológico" de las organizaciones "terroristas", y justificó su accionar amparándose en que el país estaba por entonces "en guerra".
Bussi se consideró un "perseguido político" al declarar en medio de llantos frente a los jueces que, frente a la reacción del ex militar, pidieron un cuarto intermedio para que el acusado se restableciera.
En una de esas veces que lloró, Bussi recordó emocionado la despedida que le brindaron "40 o 50 mil tucumanos" cuando finalizó el denominado Operativo Independencia durante la dictadura, el exterminio de más de 2 mil personas que se llevó adelante a partir del 75 en la provincia más pequeña del país, con la llamada "guerra contrarrevolucionaria", aprendida de franceses y norteamericanos.
Ladero. Junto a su ex superior y ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, recientemente condenado a perpetua en Córdoba, Bussi afronta una acusación por los delitos de violación de domicilio, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, los que constituyen delitos de lesa humanidad.
En el juicio se intenta esclarecer la responsabilidad que tuvieron ambos en el asesinato del senador justicialista Vargas Aignasse, quien según la fiscalía estuvo alojado clandestinamente en la Brigada de Investigaciones, "sometido a tratos crueles, inhumanos e interrogatorios bajo torturas" tras su secuestro el 24 de marzo de 1976, en el inicio de la dictadura.
Ayer, ante el tribunal, en la segunda jornada del juicio oral luego de que un perito dijera que estaba apto para enfrentar el banquillo, Bussi comenzó con una introducción refiriéndose a su salud y rechazó el informe profesional que indicó que no necesitaba la asistencia respiratoria y que estaba en condiciones de presentarse a la audiencia.
Declaración. Entrando ya de lleno en su declaración, que fue leída en su totalidad, Bussi, sin sacarse la bigotera con la que recibe oxígeno suplementario, cuestionó como una "aberración jurídica" la "omisión sistemática, deliberada, arbitraria e intencional del marco histórico de la guerra que tuviera lugar en Tucumán" contra lo que llamó "la agresión marxista leninista".
"Estábamos en guerra y bajo estado de sitio", enfatizó al menos en dos oportunidades Bussi, y agregó que "los ideólogos de la subversión" que, según denunció, distorsionan la verdad histórica, "hoy son gobierno".
Según dijo, "en Tucumán se llevaron a cabo acciones específicamente militares" y en tal sentido sostuvo que "la figura del desaparecido es un arbitrio psicológico de la subversión para disimular las bajas en combate".
Agregó que "en nuestro país, hubo una guerra iniciada por organizaciones terroristas" y enfatizó que "la inmensa mayoría de la generación de tucumanos de esa época, la suya señor presidente —dijo, refiriéndose al titular del tribunal— reconoció que hubo un estado de guerra" en la provincia.
En el caso particular de Vargas Aignasse dijo que recibió una orden de detención "de la Junta de Comandantes en Jefe, a través del III Cuerpo de Ejército", a cargo entonces de Luciano Benjamín Menéndez, también sentado en el banquillo de los acusados.
Además, dijo que el senador provincial ofreció "frondosa documentación delatando a sus compañeros" a cambio de su liberación, lo que originó una fuerte polémica con el fiscal, quien le advirtió que no toleraría que "agraviara la memoria" del desaparecido. l
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