El ex vicepresidente Amado Boudou consideró ayer que el fallo de la Corte Suprema nacional que dejó firme su condena a cinco años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone es “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina”.
En ese marco, el también ex ministro de Economía advirtió que el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de los juristas y académicos Eugenio Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, quienes respaldaron su pedido para que fuera revisada la condena.
“No hay una justificación o un por qué. Lo que la Corte dice es «no queremos opinar». Quizás sea porque en el alto tribunal no hay ningún penalista, no sé”, respondió Boudou respecto de las razones del fallo, que el viernes pasado rechazó el recurso presentado por el ex vicepresidente.
Boudou sostuvo que el máximo tribunal del país, con su decisión, eligió no tener en cuenta “dos opiniones muy importantes en términos técnicos”, que son las de Zaffaroni (“explicando por qué no había delito”) y la de Maier (“sobre las declaraciones bajo el sistema del arrepentido”).
“Sabemos que el poder más desprestigiado de todos es el Judicial por cómo vienen actuando gran parte de los magistrados y fiscales hace décadas, no ahora. Todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad e, incluso, extorsión”, resaltó Boudou. Y mencionó la causa de los cuadernos en la que “los testigos o imputados si declaraban en contra de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner se iban a su casa”.
“(El ex presidente Mauricio) Macri y (los ex ministros de Justicia y Seguridad nacional) Germán Garavano y Patricia Bullrich tenían armado un sistema criminal. A uno de los imputados le pagaron con un hotel para que cambiara dos declaraciones anteriores. Eso es el Poder Judicial también”, graficó Boudou.
Luego dijo que él fue involucrado en el caso de Ciccone, “que fue la compra de un grupo empresario a otro”, en la que —aseguró— no tuvo “nada que ver” y añadió que eso consta en el expediente.
Además, el ex funcionario destacó que la imprenta “finalmente terminó en manos del Estado”, una condición que dijo haber defendido siempre.
“Hubo una parodia de juicio oral para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme de la cancha”, declaró Boudou. Y señaló, a modo de ejemplo: “Cuando hay una sentencia de 900 páginas, es porque muy bien no se puede explicar”.
Posición
Además, ratificó que “de ningún modo va a ocurrir” que él se retire de la política, pese a las adversidades judiciales e, incluso, cuando en el expediente que lo tiene condenado “no hay una sola prueba” en su contra.
Apuntó también contra el juez Pablo Bertuzzi, trasladado por el gobierno de Macri a la Cámara Federal, donde desde el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4 condenó y detuvo a Boudou.
El ex vicepresidente insistió con que Bertuzzi fue “premiado” con ese cargo por haber ordenado su detención y sentenciado en su contra.
“Estoy convencido de que la política no es tener un cargo público sino poder decir la verdad, decir cosas para la Argentina, compartirlo con compañeras y compañeros. Eso de que la política es un juego de vanidades, es para muy poquitos. La construcción política es otra cosa y seguiré pensando y actuando con la misma fuerza y alegría de defender la causa popular, porque el mundo es demasiado desigual e injusto para que uno se caiga por un tema personal”, reflexionó.
Solicitada
En tanto, la decisión de la Corte de ratificar la condena a Boudou en la causa Ciccone volvió a ser cuestionada por un amplio arco de juristas, dirigentes políticos y sindicales y organizaciones sociales, que advirtieron que el “lawfare que sufrió y sufre” el ex funcionario “atenta contra un Estado de derecho”.
La carta de apoyo a Boudou, titulada “Con lawfare no hay democracia”, lleva la firma de Zaffaroni, representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano, sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos (FdT).