Cuadernos de las coimas

Bonadio procesó a Cristina y requirió su prisión preventiva

El magistrado inculpó a un total de 42 personas en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública.

Martes 18 de Septiembre de 2018

El juez Claudio Bonadio procesó a 42 personas en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública. En ese marco, la ex presidenta Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de la asociación ilícita responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Y, pese a solicitar su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso nacional, el magistrado esperará a que su resolución quede homologada por la Cámara Federal de Apelaciones.

En su resolución de 522 páginas, Bonadio procesó en total a 42 personas (entre ex funcionarios y empresarios), 17 de ellas con prisión preventiva, en tanto dictó la falta de mérito para otras seis. En tres casos no resolvió la situación procesal.

Además, a Cristina se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco oportunidades. Según la investigación, sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal hubo 87 entregas de fondos ilegales por 70 millones de dólares. También en la Quinta de Olivos.

Bonadio dispuso otros 41 procesamientos, de los cuales 16 son con prisión preventiva e incluyen al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su secretario José María Olazagasti, a su entonces segundo Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte, al otrora secretario de Obras Públicas José López y a los empresarios Carlos Mundin, Raúl Vertúa, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y Sergio Taselli.

En el listado de procesados sin prisión preventiva se encuentran Claudio Uberti (ex titular del Occovi), Angelo Calcaterra (ex Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio (grupo homónimo), Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Luis Betnaza (Techint) y Enrique Pescarmona (líder de la industria que lleva su apellido), además del financista Enrique Clarens, el ex chofer Oscar Centeno, el otrora juez federal Norberto Oyarbide (Bonadio lo consideró parte de la asociación ilícita) y Javier Fernández (Auditoría General de la Nación, AGN).

En el fallo, Bonadio explicó el mecanismo que se utilizó durante el kirchnerismo para quedarse con millones de pesos mediante "retornos y coimas" de empresarios que buscaban "ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios".

"Una empresa o grupo de empresas entregaban un porcentaje de lo que el Estado nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos retornos o coimas", señaló Bonadio. Y agregó que los costos estaban sobredimensionados con el fin de enriquecer ilícitamente a las partes.

Advirtió que, si bien a partir de la muerte de Néstor Kirchner el mecanismo cambió y dejaron de llegar bolsos al departamento de Recoleta, "las empresas continuaron entregando dinero a los funcionarios de Planificación", manteniéndose Cristina como "destinataria final" de esas sumas.

"El grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal el patrimonio personal de quienes, entre 2003 y 2015, ocuparon los cargos más altos de la República", sostuvo el juez.

La resolución se basa en la nutrida información que aportaron en las últimas semanas decenas de imputados colaboradores en el expediente, que se inició tras la difusión de los cuadernos de Centeno, ex chofer de Baratta, con anotaciones sobre la distribución de bolsos con dinero ilegal: todos ellos fueron beneficiados con la excarcelación por su aporte a la investigación.

Bonadio dictó la falta de mérito de Jorge Neira y Osvaldo Acosta (ambos de Electroingeniería), de Javier Sánchez Caballero (Iecsa), de Rodolfo Poblete (Emepa), de Héctor Zavaleta (Techint) y de Franco Valenti (Pescarmona).

Ellos sí reconocieron haber realizado pagos ilegales, ya sea para acceder a obra pública o como aportes para la campaña electoral, pero fueron los jefes de sus respectivas empresas los que aclararon que lo hicieron bajo su orden.

Además, fue sobreseído el empresario Raimundo Peduto y extinguida la acción penal contra Néstor Kirchner y Muñoz por sus fallecimientos.

El juez no resolvió la situación procesal del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario Hugo Larraburu y del empresario Jorge Corcho Rodríguez.

Para Bonadio, el producido de los sobornos era utilizado para "sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites".

Durante la instrucción, también se determinó que partes de esos fondos se "desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política".

Al justificar el pedido de prisión preventiva de Cristina, Bonadio indicó que tanto ella como los ex funcionarios mantienen "vínculos" y, en el caso de la senadora nacional, "de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y en la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria".

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