La pelea entre el juez federal Claudio Bonadío y el gobierno continuó ayer en una escalada en la que el magistrado le pidió a la Afip las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández, de su antecesor y difunto marido, Néstor Kirchner; de sus hijos Máximo y Florencia y del empresario Lázaro Báez. En paralelo, el gobierno denunció al magistrado por mal desempeño.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadío para presentarse ante la Afip para recabar esa información, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa del Estado, informaron fuentes judiciales.
En el caso del ex presidente Kirchner se trata de sus declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
Desde la Afip, su titular Ricardo Echegaray aseguró que "toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados" y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró "que al juzgado le informamos todo".
La medida ordenada por Bonadío tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Relación. Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
Mientras se cumplía la orden de Bonadío, en el Consejo de la Magistratura el representante del Poder Ejecutivo, el viceministro de Justicia, Julián Alvarez, presentó una denuncia contra el juez por presunto mal desempeño de sus funciones y pidió su juicio político.
Alvarez acusó a Bonadío de "extorsionar" al Consejo porque en cinco oportunidades en las que el órgano tomó decisiones sobre él, adoptó medidas en causas contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.
"Claudio Bonadío es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa", sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo, repitiendo frases que ya había manifestado días pasados.
"Todo el mundo sabe que Bonadío es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación", disparó nuevamente.
Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba —sobre el atentado terrorista a la mutual judía Amia—, porque "no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach" ya que, sostuvo, "respondía a él".
Allanamiento. La semana pasada Bonadío allanó un departamento en la calle Lavalle al 900 de la Capital Federal, donde según los registros funcionó la sede fiscal de Hotesur. Pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento.
Por esa decisión, el juez fue cuestionado por el kirchnerismo y el activista Luis D'Elía pidió que "simbólicamente" se ponga "su cabeza en una pica" frente a los tribunales federales.
Días atrás la presidenta reveló en su cuenta de Twitter que Bonadío tiene el 20 por ciento de una empresa que, como Hotesur, tampoco presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Entonces el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció a Bonadío por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia fue sorteada ayer y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.
Ercoli, sorteado
El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de la denuncia por enriquecimiento que hizo el senador oficialista Marcelo Fuentes contra el magistrado Claudio Bonadío.
El sorteo en la Cámara Federal se realizó a primera hora de ayer y el juez Ercolini fue sorteado, quien interviene con el fiscal federal Eduardo Taiano.
El juez federal Bonadío fue denunciado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes por el senador por el Frente para la Victoria Marcelo Fuentes.
La denuncia hecha por el senador oficialista fue luego que la presidenta vía redes sociales vinculara al juez Bonadío con las actividades de una empresa de la cual un familiar directo suyo es integrante, y que acusó que también incurrió en falta al no presentar balances como la firma Hotesur de la cual ella es socia.
Según la denuncia, Bonadío tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma Mansue SA, dedicada a la venta de combustible.
En ese sentido, señaló el senador en la denuncia que un familiar directo del juez, su hermano Carlos Alberto Bonadío, posee el 40 por ciento de la empresa, y el resto a Fernando y Alejandro Climent con un 20 cada uno.
Incluso, Fuentes hizo alusión a artículos periodísticos sobre que la empresa Mansue SA no habría presentado los balances correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013, ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Por Pablo Mihal