La investigación parlamentaria sobre la “mesa judicial” bonaerense busca esclarecer la responsabilidad política del gobierno de María Eugenia Vidal en perjudicar a dirigentes sindicales y la expectativa está puesta en la declaración de cuatro figuras clave: el procurador Julio Conte Grand, el exdirector de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra y dos exempleados del Banco Provincia.
Conte Grand, quien desistió de presentarse la semana pasada ante la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional, fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.
La decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la filmación de una reunión del 2017, en la que exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios expresaban su acuerdo para delinear acciones judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.
El audio de ese video —que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria— reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
De hecho, días atrás el comisario Hernan Cassasa confirmó ante la subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la “mesa judicial” macrista y en los que detalla quiénes formaban parte de ella.
Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, fue uno de los primeros en declarar ante ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Angel Bazze.
Así, mientras la fiscal Ana Russo y el juez federal Ernesto Kreplak llevan adelante el expediente judicial, en el que están imputados todos los asistentes a dicha reunión del 2017, realizada en la sede porteña del Banco Provincia, los parlamentarios quieren establecer la responsabilidad política de ese armado ilegal.
Por eso, ante la posibilidad de que Conte Grand vuelva a excusarse de asistir en persona al Congreso Nacional (el funcionario judicial pidió responder por escrito), los legisladores advirtieron que no concurrir a la bicameral “es causal de mal desempeño y de juicio político”, algo que debería analizar el Parlamento bonaerense. “No aceptamos el planteo de Conte Grand de querer declarar por escrito”, dijeron desde la subcomisión.