Tensión

Avanza el juicio político contra Sain y se define si puede volver al MPA

Desde la comisión de la Cámara de Diputados que lleva el caso del ex ministro indican que están recibiendo documentación de las fiscalías regionales

Miércoles 31 de Marzo de 2021

El futuro de Marcelo Sain en la escena pública santafesina ingresa en zona de definiciones en dos terrenos no amigables para el ex ministro de Seguridad: la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Antes y después de la salida de Sain del gobierno de Omar Perotti la oposición aplicó una maniobra de pinzas sobre el funcionario más polémico desde el regreso del peronismo al poder: la activación del juicio político y una carta al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, para pedirle que no acepte la reincorporación del ex ministro en la dirección del Organismo de Investigaciones (OI), que orbita en el MPA.

El grueso de la oposición plantea que el retorno de Sain a la titularidad del OI enfrenta “incompatibilidades manifiestas”. De regresar a su antiguo puesto, argumentan, el ex ministro quizás tendría que investigarse a sí mismo, o a sus hasta hace poco compañeros de gabinete.

Baclini dijo a La Capital que aún no definió la situación de Sain y que lo hará “en estos días”.

El jefe de los fiscales, que también fue alcanzado varias veces por la ráfaga discursiva de Sain, enfrenta presiones políticas cruzadas. No sólo la oposición salió a jugar fuerte con el tema, también lo hizo la Casa Gris.

“Tanto despliegue del socialismo para evitar el reingreso de Marcelo Sain al Organismo de Investigaciones, responde a que tienen miedo a que se siga investigando —disparó esta semana el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, un incondicional de Perotti—. Creo que tienen miedo a las escuchas judiciales que puedan involucrar a allegados del ex gobernador Miguel Lifschitz”.

Quienes conocen el paño judicial plantean varios interrogantes. Por ejemplo, cómo sería la relación entre Baclini y Sain más allá de la jerarquía que traza el organigrama y cuál sería la relación entre el OI y los fiscales, que podrían inclinarse por otras fuerzas —por ejemplo, las federales— como auxiliares en sus investigaciones.

La comisión avanza

Sin embargo, además del MPA Sain tiene otro frente abierto en la Cámara baja provincial. La semana pasada la comisión de Juicio Político, presidida por Joaquín Blanco (Partido Socialista-Frente Progresista Cívico y Social), habilitó la presentación de la Coalición Cívica contra Sain por presunto “mal desempeño de sus funciones”.

De la reunión de la comisión (en formato mixto: presencial y virtual) participaron sus nueve miembros. Siete —del FPCyS, Juntos por el Cambio, y Vida y Familia— aprobaron la apertura del expediente y los dos del peronismo, Matilde Bruera y Oscar Cachi Martínez, se manifestaron en contra.

Ayer, Perotti cuestionó el proceso contra Sain y fustigó a la oposición.

Martínez no ve viable el pedido de juicio político. “A diferencia del impeachment norteamericano (tomado del modelo inglés), que incluye una dimensión penal, en nuestra Constitución nacional y provincial tiene un carácter meramente administrativo”, explicó el legislador y dirigente del Frente Renovador.

Si avanza, el proceso devendría abstracto: no hay ministro a quien hacerle juicio”, sostuvo.

Lo cierto es que en la comisión parlamentarias los argumentos jurídicos pesan menos que las correlaciones de fuerza y las estrategias políticas. En este sentido, una de las decisiones de la comisión fue pedir material de prueba al Poder Ejecutivo y desde el bloque que aglutina a socialistas y radicales deslizan que la información ya empezó a fluir. “La semana que viene habrá reunión de comisión y se va a analizar toda la documentación penal que nos están mandando las fiscalías regionales, todas vinculadas a Sain; también se pueden definir citaciones”, indican.

La semana pasada, Blanco dijo a este diario que buscan “darle celeridad” al juicio político —ya que a su entender el jueves comenzaron a correr los noventa días que que establece la Constitución santafesina que Diputados se expida— pero “respetando la institucionalidad”.

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