La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le envió una carta documento a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negando la obligación del gremio a pagar los gastos del operativo de seguridad realizado en las protestas del 22 y 27 de diciembre. La suma exigida por el gobierno es de $56 millones y se respalda en el DNU y la aplicación del protocolo antipiquete.

La carta está firmada por el Secretario General ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien hizo público el documento en redes sociales y además agregó: "Ahora, los que la intimamos somos nosotros. Cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa. Sus resoluciones son todas nulas. Usted y su ministerio no cuentan con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que en la ley no existe. Además, ningún otro órgano del Poder Ejecutivo puede declarar el Derecho de Huelga como ilegítimo. Si no le pone fin a su accionar persecutorio y antisindical, la que terminará siendo denunciada será Usted".

Hace pocos días el gobierno había intimado a mas de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar $56 millones en concepto de multas por los gastos realizados durante las protestas de fin de 2023, realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente. Los telegramas fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.

Ahora, ATE determinó que no pagarán ninguna suma de dinero por haber realizado la movilización y niegan que el Ministerio de Seguridad cuente con las facultades para perseguir dicho cobro. En el documento también expresaron: "Negamos que ese Ministerio -ni cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo- cuente con facultades para caracterizar el ejercicio del derecho de huelga y de protesta como "acto ilegítimo". En efecto, el legítimo ejercicio de un derecho, como en el caso fue la huelga y movilización convocada por ATE en fecha 22/12/23, jamás pueden ser considerados ilegal o ilegítimo.

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