El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, afirmó ayer que no se está "en presencia de una presa política", al referirse a la dirigente Milagro Sala, condenada el lunes pasado a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita y por fraude y extorsión, en el marco del juicio denominado Pibes Villeros, que investigó el desvío de fondos públicos.
Miranda explicó sobre Sala: "Hay un fallo dictado por una Justicia independiente y está ajustado a derecho, porque se ha garantizado el debido proceso y la defensa en juicio. No estamos en presencia de una presa política".
Además, el funcionario judicial destacó que "en Jujuy se han recuperado la paz social y establecido reglas nuevas de convivencia".
"Los jujeños somos los principales testigos de cómo se ha vivido durante años, en los que los planes de lucha eran violentos, con toma de edificios públicos y privados y cortes de calles", graficó el fiscal.
Bajo la lupa
En la causa denominada Pibes Villeros se investigó a 30 acusados por asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas.
Fueron acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales y núcleos húmedos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro.
De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, además de Sala, unos 15 imputados deberán cumplir penas de entre dos y ocho años de prisión
En tanto, el martes, el juez Isidoro Cruz ordenó una nueva prisión preventiva para la referente de la Túpac Amaru, en este caso en la denominada Megacausa, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas.
El magistrado jujeño aceptó, de ese modo, el pedido del fiscal Diego Cussel, quien ya actuó en la causa Pibes Villeros.
Sala cumple prisión domiciliaria en su casa ubicada en el barrio Cuyaya, en la capital jujeña, con pulsera electrónica.
Según Miranda, la organización Túpac Amaru, que comandaba Sala y que fue intervenida y reorganizada por el gobierno del radical Gerardo Morales, "ha recuperado su actividad cooperativa normal".
"La mayoría de las cooperativas está funcionando, en el área textil y metalúrgica, con los mismos integrantes que estaban en aquel momento y eran extorsionados por el círculo íntimo de Sala", aclaró Miranda.