Las declaraciones que desataron la polémica fueron publicadas el pasado sábado en
Página12 y las brindó Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de
Justicia, durante una entrevista abierta que cerró el V Encuentro Nacional de la red
PAR-Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Atea confesa, feminista,
descontracturada, antítesis del arquetipo de los jueces argentinos, Argibay respondió durante dos
horas preguntas de Mariana Carbajal, periodista de
Página/12, y de Liliana Hendel, de
Telefe.
–¿De qué manera la Justicia puede cambiarle la vida a una mujer?
–El Poder Judicial impacta mucho y mal en la vida de las mujeres. En las facultades nos
han enseñado derecho desde el punto de vista masculino. Esto tiene que cambiar, está cambiando.
Desde la oficina de la mujer de la Corte hemos organizado cursos de capacitación con perspectiva de
género. ¿Por qué? Cuando un señor denuncia que le robaron implícitamente se le cree, pero si una
mujer denuncia violencia lo primero que se piensa es que miente. Este tipo de cosas se naturalizan.
Por eso la Corte creó la oficina de violencia doméstica.
–Se señala la necesidad de abrir el debate en el Congreso por la despenalización del
aborto. ¿Por qué tanta resistencia de los políticos?
–Creo que tienen miedo al cambio. Las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad
quiere que se debata y cree que el aborto clandestino y sin asepsia es la causa de la muerte de
muchas mujeres jóvenes, pobres e ignorantes. Pero ese grupo de mujeres no tiene poder. Y hay otra
cosa: la “santa madre”. No quiero herir sentimientos, todo el mundo sabe que soy atea.
La “santa madre” todavía tiene mucha fuerza y ha llegado a amenazar con la excomunión a
legisladores, por ejemplo para no votar mi nombramiento. Hay gente a la que le importa, es parte de
su vida, de sus creencias, su fe, que es muy respetable que la tengan.
–Desde lo político, ¿hay un escenario propicio para llevar el tema al Congreso?
–Sí, la sociedad ha tomado conciencia de lo que significa no tener una ley de aborto
razonable y también de que es posible dictar leyes que signifiquen no una obligación sino un
permiso, como con el matrimonio igualitario. Nadie obliga a casarse, es un permiso, lo usa quien
quiera. Si la Iglesia se opone al aborto, que se oponga para sus fieles, ¿pero por qué va a obligar
a los demás?
–El gobernador de Salta estableció la educación religiosa obligatoria en las escuelas
públicas. ¿Es constitucional?
–No, el Estado es laico. Quien quiera dar educación religiosa a sus hijos, de cualquier
religión, puede mandarlo a una escuela confesional o enseñarle en su casa, pero la escuela pública
no puede ser confesional. Hoy analizábamos ese tema con el presidente del Consejo de la
Magistratura y con mi colega Elena Highton diciendo “tenemos que sacar los crucifijos de la
sala de audiencias”... (la sala, un centenar de personas, mayoría femenina, estalló en
aplausos).
–¿No hay una ley que obliga a mantener un crucifijo o virgen instalada?
–No, ya sacamos una. Soy funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener
todas las religiones o ninguna, eso es libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona. En
un tribunal oral los testigos juran por sus creencias, no le preguntamos cuáles, pero atrás hay un
crucifijo que puede influir mal, el testigo puede considerarlo una discriminación. Además, no tiene
sentido porque el Estado es laico.
–¿Cuáles serían los argumentos de más peso para debatir la despenalización del aborto?
–La muerte: es la segunda causa de muerte de personas jóvenes. Usaría otro, pero no van a
dar bolilla: las mujeres no tenemos derecho a decidir. El principal es tratar de evitar la muerte
de jóvenes que por no haber tenido educación sexual enfrentan un problema que no pueden solucionar
de otra manera. Los números son muy fuertes.
–¿Es partidaria de penalizar a los clientes-prostituyentes?
–Sí, pero hay otro problema con el tema prostitución: la trata. Estamos intentando
convencer a jueces y fiscales sobre el modo de tratar a la víctima, que parece que fuera la
culpable. El cliente debiera ser penado, es partícipe de mantener a la mujer en situación de
inferioridad, indefensión y vulnerabilidad, pero no todo debe pasar por el Código Penal. La
Justicia penal no resuelve problemas. Las organizaciones de trata son muy poderosas. Es
imprescindible instalar el tema, no lo veo instalado. Y es importante dejar de repetir que tenemos
programas magníficos para la trata si los programas no tienen presupuesto ni personal
especializado.
–¿Qué cambió con la llegada de dos mujeres a la Corte?
–El trato en la Corte es diferente, el lenguaje ha cambiado, las actitudes, hay más
amabilidad, más alegría y hemos iniciado cosas que no se hicieron nunca, como la oficina de
violencia doméstica, que funciona a pleno los 365 días del año. Yo me hice cargo del Cuerpo Médico
Forense, en estado calamitoso y sin un reglamento, y ahora Elena (Highton) se está ocu-pando de los
peritos contadores. Eso se hizo porque las mujeres nos arremangamos y dijimos “hay que
hacerlo”.
