La Cámara de Apelaciones de Washington dictó un fallo adverso contra la República Argentina en el litigio por la estatización de Aerolíneas Argentinas, obligando al Estado a abonar más de 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium.

La decisión ratificó la sentencia firme dictada originalmente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tras la expropiación concretada en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Origen del litigio y transferencia de la demanda

El conflicto judicial comenzó con el reclamo del grupo español Marsans, expropietario de la compañía aérea de bandera.

Posteriormente, la demanda fue adquirida por el bufete Burford Capital -reconocido por litigar también en el caso de YPF- que luego vendió los derechos del pleito a Titan Consortium por 107 millones de dólares para encarar el proceso de cobro en los tribunales estadounidenses.

"Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas", explicó el especialista Sebastián Maril, director de Latam Advisors.

Embargos y cambio de estrategia judicial

Aunque en 2024 las partes iniciaron tratativas para cerrar un acuerdo sobre el monto principal y los intereses acumulados, el Gobierno argentino modificó su estrategia de defensa en los tribunales norteamericanos.

Al no presentar una caución sobre la sentencia previa, el tribunal habilitó al fondo acreedor a iniciar formalmente los pedidos de embargo de activos soberanos argentinos en el exterior.