Política

Argentina controlará a los barcos que naveguen por las islas Malvinas

A través de un decreto firmado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dispuso que todo buque que navegue por las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur deberá ser autorizado por el gobierno.

Miércoles 17 de Febrero de 2010

A través de un decreto firmado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dispuso que todo buque que navegue por las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur deberá ser autorizado por el gobierno.

El decreto presidencial dispone que todo buque que quiera transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos en Malvinas e islas del Atlántico Sur deberá solicitar autorización previa expedida por autoridad competente.

La decisión del gobierno surge en momentos en que empresas petroleras británicas anunciaron el inicio de las actividades de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa.

Respuesta. El gobierno británico, a través de su embajada en el país, afirmó ayer que la decisión de la presidenta Cristina Fernández es un tema de cómo la Argentina "aplica sus leyes".

"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falklands (Malvinas) y territorios marítimos circundantes y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo", afirmaron voceros de la embajada británica en Buenos Aires. Consultado sobre el decreto de la Presidencia, los voceros se limitaron a señalar que "es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios".

El decreto presidencial subraya que deberá pedir permiso "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos".

El decreto 256, firmado ayer por la jefa del Estado, dispone además la creación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, la que estará integrada por representantes de las áreas pertinentes de los ministerios de Planificación, Justicia, Economía, Industria y Turismo y la Cancillería.

La firma del decreto fue anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en una conferencia de prensa que brindó en el Salón Sur.

Fernández sostuvo que "es de público conocimiento que el Reino Unido ha comenzado la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en la zona de las islas Malvinas" y recordó que la Argentina ha insistido en todos los foros internacionales que Gran Bretaña debe ajustarse "al derecho internacional", en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).

Agregó que "el Reino Unido mantiene su negativa a dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica, justa y duradera de la disputa".

El jefe de Gabinete indicó que "persiste el incumplimiento británico a la disposición de no innovar", establecida en la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

Fernández mencionó la ocurrencia de "sucesivos episodios vinculados a la exploración de recursos naturales" y recordó que el Ministerio de Planificación, en marzo de 2007, a través de la Secretaría de Energía dictó la resolución 407/07 por la cual "se busca preservar los recursos naturales en la plataforma continental argentina de parte de terceros que no cuenten con aprobación".

"El gobierno ha protestado enfáticamente ante el gobierno de Gran Bretaña por actos unilaterales, objeto de esta controversia", indicó.

Antecedente. El 10 de febrero último, la Cancillería denunció que el buque de bandera extranjera Thor Leader iba a ser empleado en el puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura producido en la Argentina.

Ese material "fue prohibido por la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables por haber incurrido en contravenciones a las normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la Argentina", se indicó.

La Cancillería agregó en aquel momento que "los registros de navegación de dicho buque indican que en enero pasado operó en Puerto Argentino, sin que obren constancias de haber sido despachado por las autoridades portuarias argentinas competentes".

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