Apartan a un juez santafesino que dijo sentirse "coaccionado" por el gobierno
Un juez de un tribunal oral santafesino que dijo sentirse “coaccionado” por el gobierno
para condenar a acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura fue
apartado de su cargo por su propio pedido. El fallo, dictado por la Cámara Nacional de Casación
Penal, desliza por primera vez que existen presiones desde el Ejecutivo para que todos los casos
vinculados con delitos de lesa humanidad terminen en condena...
29 de abril 2009 · 16:27hs
Un juez de un tribunal oral santafesino que dijo sentirse “coaccionado” por el
gobierno para condenar a acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura fue apartado de su cargo por su propio pedido, porque “no se encuentra en
condiciones espirituales de decidir libremente sobre esas cuestiones conforme a la ley y la
Constitución”.
El fallo, dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal, desliza por primera vez que existen
presiones desde el Ejecutivo para que todos los casos vinculados con delitos de lesa humanidad
terminen en condena, so pena de que los jueces que fallen en contra sean sometidos a juicio
político o padezcan problemas personales o con sus familias.
Los jueces de la Sala II de Casación -Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci-
resolvieron así el apartamiento del conjuez del Tribunal Oral de Santa Fe Martín Gutiérrez, quien
había pedido ser removido de la función por considerarse objeto de “violencia moral y
psíquica (...), producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas
desde el mismo seno del Estado nacional”.
Gutiérrez recordó que ante un fallo reciente que concedió las excarcelaciones a represores
que pasaron siete años detenidos sin condena “la propia presidente de la Nación como el
secretario de Derechos Humanos, el ministro de Defensa y la diputada Diana Conti, entre otros
funcionarios públicos y legisladores, fueron contestes en señalar que quienes tienen la
responsabilidad de entender en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad,
cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones -condenatorias o de medidas de
seguridad- perseguidas por el Estado comparten la ideología represiva”.
“Favorecen a los represores del genocidio y deben ser sometidos a jury de
enjuiciamiento o a procesos por delitos comunes”, evocó el conjuez ahora apartado.
Ante ese escenario, Gutiérrez expresó: “La mera posibilidad de exponer públicamente, en
primer lugar a mi familia y luego a mi persona, de ser considerado pro-genocida o que una
resolución que se dicte en el ámbito de este tribunal sea entendida que fue dictada con el ánimo de
favorecer a un imputado por delitos de lesa humanidad, me obligarían, por coacción y violencia
moral y psíquica, a tomar en el futuro un solo tipo de decisión judicial, la que resulte contraria
a los intereses o derechos de los imputados y que beneficie o sea conteste con los intereses del
Estado”.
Gutiérrez consideró que debería fallar en ese sentido “aunque pudiera tener
hipotéticamente la íntima convicción de su antijuridicidad o injusticia”.
La Cámara de Casación aceptó sus argumentos y lo apartó de las causas en que debía
intervenir, entre ellas la del ex juez federal santafesino Víctor Hermes Brusa, uno de los primeros
en ser destituidos por el mecanismo que estableció el Consejo de la Magistratura y el Jury de
Enjuiciamiento.
“El juez no se encuentra en condiciones espirituales de decidir libremente sobre esas
cuestiones conforme a la ley y la Constitución. El mismo ha admitido los temores que le suscita lo
que pudiese decidir en el futuro”, resumió Casación.
Justamente Casación fue blanco de fuertes críticas y reproches de parte del ex presidente
Néstor Kirchner y otros representantes del gobierno por demoras en los casos de derechos humanos.
Más recientemente hubo un acuerdo entre la Corte Suprema y la administración nacional para
agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad. (DYN)