Apartan a un juez santafesino que dijo sentirse "coaccionado" por el gobierno

Un juez de un tribunal oral santafesino que dijo sentirse “coaccionado” por el gobierno para condenar a acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura fue apartado de su cargo por su propio pedido, porque “no se encuentra en condiciones espirituales de decidir libremente sobre esas cuestiones conforme a la ley y la Constitución”.

El fallo, dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal, desliza por primera vez que existen presiones desde el Ejecutivo para que todos los casos vinculados con delitos de lesa humanidad terminen en condena, so pena de que los jueces que fallen en contra sean sometidos a juicio político o padezcan problemas personales o con sus familias.

Los jueces de la Sala II de Casación -Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci- resolvieron así el apartamiento del conjuez del Tribunal Oral de Santa Fe Martín Gutiérrez, quien había pedido ser removido de la función por considerarse objeto de “violencia moral y psíquica (...), producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado nacional”.
Gutiérrez recordó que ante un fallo reciente que concedió las excarcelaciones a represores que pasaron siete años detenidos sin condena “la propia presidente de la Nación como el secretario de Derechos Humanos, el ministro de Defensa y la diputada Diana Conti, entre otros funcionarios públicos y legisladores, fueron contestes en señalar que quienes tienen la responsabilidad de entender en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones -condenatorias o de medidas de seguridad- perseguidas por el Estado comparten la ideología represiva”.
“Favorecen a los represores del genocidio y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento o a procesos por delitos comunes”, evocó el conjuez ahora apartado.
Ante ese escenario, Gutiérrez expresó: “La mera posibilidad de exponer públicamente, en primer lugar a mi familia y luego a mi persona, de ser considerado pro-genocida o que una resolución que se dicte en el ámbito de este tribunal sea entendida que fue dictada con el ánimo de favorecer a un imputado por delitos de lesa humanidad, me obligarían, por coacción y violencia moral y psíquica, a tomar en el futuro un solo tipo de decisión judicial, la que resulte contraria a los intereses o derechos de los imputados y que beneficie o sea conteste con los intereses del Estado”.
Gutiérrez consideró que debería fallar en ese sentido “aunque pudiera tener hipotéticamente la íntima convicción de su antijuridicidad o injusticia”.
La Cámara de Casación aceptó sus argumentos y lo apartó de las causas en que debía intervenir, entre ellas la del ex juez federal santafesino Víctor Hermes Brusa, uno de los primeros en ser destituidos por el mecanismo que estableció el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento.
“El juez no se encuentra en condiciones espirituales de decidir libremente sobre esas cuestiones conforme a la ley y la Constitución. El mismo ha admitido los temores que le suscita lo que pudiese decidir en el futuro”, resumió Casación.
Justamente Casación fue blanco de fuertes críticas y reproches de parte del ex presidente Néstor Kirchner y otros representantes del gobierno por demoras en los casos de derechos humanos.
Más recientemente hubo un acuerdo entre la Corte Suprema y la administración nacional para agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad. (DYN)