El frente judicial contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, creció este martes con la ampliación de la denuncia impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas-Santa Fe), que contempla un pedido para que se cite a declarar como testigo a la escribana que intervino en operaciones inmobiliarias bajo sospecha. En tanto, dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca utilizada por el funcionario para comprar un departamento en Caballito negaron conocerlo.

La lupa se posa sobre la compra de propiedades en Caballito y en Indio Cuá, movimientos que presentarían inconsistencias que requieren ser esclarecidas. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, dijo Paulón respecto de su planteo.

La decisión de avanzar sobre la figura de la escribana obedece a que en el expediente consideran que su testimonio podría aportar precisión sobre los montos, las condiciones de compra y la identidad de los intervinientes, puntos clave para definir si hubo irregularidades en la adquisición de los inmuebles.

La otra línea de investigación en marcha también busca reconstruir posibles inconsistencias: la Justicia estudia un pedido para relevar todos los viajes realizados por Adorni durante 2023 y cruzar esa información con datos migratorios.

La medida busca establecer si hay correspondencia entre los desplazamientos del funcionario, su situación patrimonial y las operaciones objetadas, como también si hubo movimientos financieros o logísticos sin la correcta justificación.

El patrimonio de Adorni

Paralelamente, dos mujeres que aparecen en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca usada por Adorni para comprar un departamento en el barrio porteño de Caballito negaron conocer al jefe de Gabinete.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes fueron consultadas por la prensa luego de que sus nombres aparecieran vinculados a la operación inmobiliaria.

Según la documentación difundida este lunes, la compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y quedó inscripta por 230 mil dólares.

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En ese mismo acto se asentó una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares, con Viegas y Sbabo como acreedoras del 50 por ciento cada una, lo que implica que habrían financiado casi el 90 % de la operación del inmueble.

La revelación abrió otro capítulo da la polémica sobre la evolución de los ingresos del funcionario, que la semana pasada sostuvo en conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”.