La diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich ratificaron la denuncia que habían presentado ayer por presunto espinaje de organismos del Estado contra dirigentes de la oposición, jueces y periodistas, entre otros, y de esa manera, la Justicia federal comenzó a investigar el caso.
Fuentes judiciales informaron que ayer a la medianoche el fiscal federal Ramiro González abrió formalmente la investigación del caso y le solicitó al magistrado una serie de medidas de prueba que fueron ordenadas e impuso el secreto de sumario.
A primera hora de esta mañana Casanello criticó a las diputadas del PRO Alonso y Patricia Bullrich porque con la denuncia no acompañaron el listado de los presuntos espiados que fue publicado en distintos medios de comunicación y por la difusión del caso, lo que puede frustrar la investigación.
"La denuncia se hizo cerca del mediodía sin mayores precisiones que las que están en los portales y sin documentación. Pasaron un par de horas y empiezan a llamar los periodistas, que me dicen que tenían la denuncia y un listado. Ese listado no lo tuvimos y no lo tenemos", afirmó el juez por la mañana en declaraciones a radio Vorterix.
"Nos sorprendió muchísimo la difusión pública porque el hermetismo inicial de cualquier causa es crucial para el éxito de la investigación”, agregó. Y explicó que “lo que suele suceder es que quien denuncia va a la Cámara, esperan el sorteo, y luego en el mismo momento va al juzgado que salió sorteado y ahí ratifica la denuncia”, aunque subrayó que “en este caso, a pesar del tenor de la denuncia, no hubo ratificación de la denuncia".
Sin embargo, tras los dichos del magistrado, Alonso presentó un escrito en el juzgado en el que ratificó la denuncia y entregó el listado. En el texto, informaron las fuentes, Alonso sostuvo que todo lo que sabía era lo presentado en la denuncia y que debían considerarse esos indicios.
Alonso y Bullrich denunciaron ayer que un presunto agente de inteligencia se comunicó de manera anónima para informarles que se estaba espiando de manera ilegal a dirigentes políticos, periodistas, jueces, fiscales y personas públicas y que les iba a enviar la nómina.
Entre los presuntos espiados están los candidatos a presidente Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbizer; los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda; el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; los periodistas Nelson Castro, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi; familiares del ex espía Jaime Stiuso y famosos como Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Mirtha Legrand.
Las diputadas hicieron la denuncia y explicaron que el anónimo agregó que el espionaje se estaba realizando desde un edificio cercano a las intersecciones de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio porteño de Congreso, y en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citefa), en la localidad bonaerense de Villa Martelli, que dependen del Ministerio de Defensa.
Como los hechos habrían ocurrido en dos jurisdicciones distintas se presentaron dos denuncias: una ante la Justicia federal de Capital Federal y otra en la de San Isidro.
Ayer a la medianoche, y ante la difusión pública, el fiscal González abrió la causa y solicitó una serie de medias de prueba que fueron ordenadas por Casanello.
En tanto, hoy el fiscal amplió las medidas con nuevas pruebas que le solicitó al juez y que también fueron ordenadas.
Por otra parte, abogados de algunos de los damnificados se presentaron en la Justicia para interiorizarse de la denuncia y como respuesta obtuvieron que la causa está en secreto de sumario.
El expediente que se investiga en la provincia de Buenos Aires está a cargo del juez federal de San Martín Emiliano Canicoba, quien le corrió vista al fiscal Fernando Domínguez para que dictamine.
"Cuando la denuncia fue ratificada sí se acompañó el listado de las personas supuestamente espiadas", dijo Canicoba en declaraciones a radio Del Plata. Y el juez Casanello ya le pidió a su colega de San Martín copia de la causa para certificarla.