La Justicia allanó departamentos de la firma "Los Sauces", propiedad de Cristina y Máximo Kirchner, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por la cual fue imputada la expresidenta de la Nación.

Fuentes judiciales informaron que los operativos se llevaron a cabo ayer en Sarandí 1467 (piso 5º oficina 31 y piso 6º oficina 38) y en Guevara 335, de esta ciudad, por orden del juez federal Claudio Bonadio.

En Guevara 335 está ubicado el consorcio que administra los departamentos del 4º piso de Guevara 329, del 8º piso de Juana Manso 501 y del 9º piso de Macacha Güemes 3322: es decir que la Justicia allanó ese domicilio para obtener información sobre esos tres departamentos de la firma "Los Sauces".

Durante el procedimiento se buscaron comprobantes de pago de expensas, servicios y documentación de ese tipo, puesto que la investigación está relacionada a maniobras ilícitas vinculadas con el alquiler de distintos inmuebles de la empresa "Los Sauces", de la cual el mayor porcentaje lo tienen Cristina y Máximo, en tanto que Florencia Kirchner también la integra en menor medida.

"Se deberá proceder al secuestro de toda la documentación relacionada con los propietarios del inmueble (...), además de toda aquella que se relacione con el pago de servicios y quiénes abonaban las expensas desde el primer pago", indicó Bonadio en su resolución.

Agregó que "también se deberá proceder al secuestro de todas las computadoras, notebooks, tablets y elementos similares que allí se encuentren", para lo cual los efectivos quedaron "habilitados para el uso de la fuerza pública y la fractura de puertas de acceso que se encuentren cerradas, armarios, escritorios y todo acceso cuyo ingreso resulte de interés".

Días atrás, el fiscal Carlos Rívolo imputó a la expresidenta y a su hijo Máximo por los delitos de falsificación de documento público y enriquecimiento ilícito, a partir de lo cual el juez Bonadio dispuso el secreto de sumario en la investigación.

La causa se inició tras una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer, quien indicó que a partir de 2008 la firma Los Sauces empezó a alquilar distintos inmuebles a los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López, "vinculados de la obra pública".

Pese a que "en 2007 y 2008 la empresa no distribuye utilidades ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones", al año siguiente "las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos".

"Es imposible que una empresa que no tiene movimientos de golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios", indicó la denuncia, que advirtió que "los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años".

Además, acusó de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la expresidenta en los últimos años, y por eso la imputación por falsificación de documentos públicos.

Al inicio del caso, el fiscal Rívolo había pedido que esta causa quedara en poder del juez Daniel Rafecas, puesto que éste también investigaba irregularidades en las declaraciones juradas presentadas entre 2010-2013.

Pero Rafecas lo rechazó y ahora la causa Hotesur junto a las presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner durante ese año, quedó a cargo del juez Julián Ercolini, tal cual lo resolviera la Cámara Federal.