Un fiscal federal impulsó una investigación contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por consignar un domicilio presuntamente falso en algunos de sus documentos, entre ellos el DNI. El fiscal federal Gerardo Pollicita respondió la consulta que le formuló, tal como lo establece el Código Procesal, el juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado recayó la denuncia a partir de una nota periodística.
La publicación reveló que en el DNI del vicepresidente figuraba como domicilio una casa de Villa Urquiza, en la que también estaba registrado el automóvil Audi A4 en el que fue robada su pareja, la ex periodista Agustina Kampfer, pero esa nunca fue su vivienda.
A raíz de esa denuncia surgió que Boudou habría consignado un domicilio también inexistente en la localidad balnearia de San Bernardo cuando era secretario de Hacienda del Municipio de la Costa, cargo por el cual también afronta una causa penal. El dictamen del fiscal Pollicita implica, en los hechos, el inicio formal de una causa penal contra Boudou, quien podría resultar imputado por una serie de delitos, el principal de ellos es falsificación de documentos.
Según el artículo 293 del Código Penal, "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio", mientras que el 296 establece que "el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado será reprimido como si fuere autor de la falsedad".
La denuncia contra Boudou fue formulada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien se confiesa cercano al PRO y acostumbra a este tipo de presentaciones a partir de hechos de dominio público. En febrero pasado denunció al líder piquetero oficialista Luis D'Elía por reclamar mediante la red social Twitter el fusilamiento de opositores al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, mientras que en octubre de 2013 había impetrado una acción judicial contra el legislador porteño Juan Cabandié y el entonces candidato a diputado nacional Martín Insaurralde a raíz de un episodio de tránsito en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
Las fuentes consultadas señalaron que la causa es muy similar a aquella en la que Boudou resultó procesado por el juez federal Claudio Bonadío por presentar información falsa en documentos públicos para hacer la transferencia de un automóvil marca Honda, donde, entre otras irregularidades, indicaba como su domicilio una dirección que no existe.
En esa causa ayer se hizo la audiencia en la Sala II de la Cámara Federal para que las defensas de los procesados amplíen los fundamentos de sus apelaciones, pero no participaron los letrados de Boudou, que habían pedido postergación.
Las defensas de Agustina Seguin, ex pareja del vicepresidente; de María Graciela Taboada de Piñero, la titular del Registro Automotor Seccional Nº2 de la ciudad de Buenos Aires, dónde se hizo la transferencia del auto, y de la empleada de ese organismo María Cristina Sánchez, presentaron escritos en los que ampliaron los fundamentos de sus apelaciones en los que pidieron el sobreseimiento.
Ahora la Cámara deberá fijar una nueva fecha de audiencia para la defensa de Boudou, tras la cual podrá resolver si confirma o revoca los procesamientos.
El artículo 293 del Código Penal prevé prisión de uno a seis años para "el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio"; en tanto que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público estipula una pena de hasta dos años de cárcel.
Boudou se encuentra procesado en dos causas: por la supuesta apropiación de Ciccone y por transferir a su nombre un automóvil con documentación falsa.