Política

Agosto: "Santa Fe no puede tener déficit fiscal sin financiamiento"

El ministro de Economía santafesino advirtió que la provincia "está sin red" y necesita tomar deuda para ordenar sus cuentas. Además, alertó sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones y criticó la cláusula gatillo.

Lunes 03 de Febrero de 2020

El ministro de Economía, Walter Agosto, aseguró que "Santa Fe es una provincia sin red", que debe financiar el déficit fiscal presupuestado para 2020 y resolver una deuda flotante de 27 mil millones de pesos, sin contar con las herramientas de financiamiento. Esos instrumentos, subrayó, están en el proyecto de ley de necesidad pública que se discutirá en la Legislatura. El núcleo de la iniciativa es un pedido de autorización para realizar operaciones de deuda, que permitirán al gobierno contar con "un programa financiero ordenado".

Defendió el pedido como "prudente, con fines específicos". Aunque se atalona en su análisis sobre la herencia recibida, prefiere concentrarse en los desafíos de este año. "Puede haber contrapuntos pero la foto sobre la necesidad de financiamiento es categórica y, si no se toman medidas, la película será mucho peor", advirtió. La dominancia fiscal de la política económica para este año se advierte en las preocupaciones del funcionario, que discute la disponibilidad de las acreencias con la Nación, relativiza el impacto de la última actualización impositiva y alerta sobre la progresión del déficit de la Caja.

También arremetió contra la cláusula gatillo. "Es un mecanismo perverso para el fisco", aseguró y señaló que la política salarial a definir "será la que sea pagable".

—En estos casi dos meses de gestión hubo mucha polémica sobre la herencia recibida. ¿En qué situación está la provincia?

—Hemos hablado bastante. Obviamente corresponde hacerlo para poner un punto de partida. El 2019 fue un año de déficit fiscal, que además se combina con deuda de corto plazo. Esa deuda es exigible, lo que hace más complicado el escenario. Y más se complica porque la provincia no tiene instrumento de financiamiento. Generalmente, cuando la Nación o las provincias tienen alguna dificultad, emiten letras, títulos o tienen préstamos en el sistema financiero. En ese contexto, Santa Fe es prácticamente una provincia sin red. Tenés déficit fiscal, deuda de corto plazo y no tenés financiamiento, El financiamiento tradicional que tiene la provincia es el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), constituido por el saldo de más de 700 cuentas de la provincia, sobre los cuales la provincia puede girar. Es fondo estaba totalmente utilizado cuando llegamos. Sobre $ 15.400 millones, quedaban $ 744 millones para ser utilizados. En ese esquema, tratamos de proyectar nuestra política financiera para 2020. Y ahí aparece el núcleo de las necesidades. Esta situación restringe la política prácticamente al pago de los salarios. Pero como eso no alcanza, el cronograma de sueldos se tuvo que extender el primer mes. La provincia hoy tiene que recaudar lo diario y acumular ingresos, para después empezar a pagar sueldos. Eso limita la capacidad de afrontar otros compromisos. De hecho, estamos pagando lo esencial: comedores, copa de leche, el funcionamiento de la policía, el plan nutricional de desarrollo social, la tarjeta de ciudadanía. Es necesario resolver esta fragilidad fiscal. Una provincia como Santa Fe no puede estar con déficit fiscal y sin financiamiento. ¿Y cómo la vamos a resolver? En el marco de lo que establece la ley de presupuesto para 2020, que no elaboramos nosotros. Ese presupuesto tiene un déficit de $ 9 mil millones, que debe ser financiado. Necesita endeudamiento. Por otro lado, se necesita financiamiento para hacer frente a la deuda de corto plazo, con contratistas de obra, proveedores y prestadores de servicios. Y, finalmente, se necesita un financiamiento para reconstituir el Fuco. Santa Fe, por su estructura, no puede darse el lujo de no tener ese fondo a pleno. En épocas en las que la provincia se destacaba por la solvencia fiscal, ese fondo nunca estuvo utilizado más allá del 55 por ciento.

—La gestión anterior informó que el déficit de 2019, al mes noviembre, estaba en el orden de los $ 8 mil millones. ¿Cómo se llega a contabilizar, un mes después, $ 18.600 millones anuales?

—Ese número era al 30 de noviembre. El primer punto que siempre advertimos es que faltaba contar el aguinaldo. Ahí, de movida, tenés $ 5 mil millones más. Pero además había mucha deuda no registrada. Son expedientes que tienen comprometidos gastos pero que no tenían cupo presupuestario. Entonces, cuando lo empezás a imputar el resultado crece significativamente.

—Desde la administración saliente no discuten los números pero los relativizan frente a la magnitud del presupuesto provincial y el crítico contexto macroeconómico de los últimos años.

—Como funcionarios tenemos la responsabilidad de informar lo que recibimos. Como siempre, hay un contrapunto. La información que damos es del Sistema de Administración Pública de la Provincia y está suministrada por la Contabilidad General, la Tesorería General y la Dirección de Presupuesto. No son estimaciones. Tengo los papelitos firmados por el tesorero y el contador. Por otro lado, hemos descripto la foto pero también hay que describir la película. Y es evidente que si no se toman medidas, la película es mucho peor. Por eso, más allá de contraponer argumentos e ideas, es categórico que la provincia tiene una necesidad importante que requiere de financiamiento.

—¿Es preferible endeudarse que pagar la mora, en el caso por ejemplo de atrasos con la EPE, o el adelanto, como en el caso de salarios?

—Siempre es más conveniente tener un programa financiero, que permite determinar de una manera planificada como se financian las deficiencias de caja que tiene el sector público. Eso no existía. Entonces tenías que pagar una tasa sideral, como tiene que pagar la EPE, o como la que pagaba el Tesoro con el Banco de Santa Fe. Uno puede preguntarse: ¿Por qué se pagaban los sueldos y de un momento para otro hubo dificultades? Porque las mismas dificultades estuvieron todo el año. Lo que pasaba era que la provincia tomaba un descubierto a una tasa del 61 por ciento en promedio a lo largo del año, diez puntos más que la Badlar, para pagar sueldos. Y eso no es sostenible en el largo plazo. Y no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso creo que tener un financiamiento ordenado es importante. Obviamente no es el único componente de la resolución del problema. Uno tiene que ser muy prudente por el lado de los gastos y, por otro lado, también recomponer los recursos propios. La provincia tiene terreno para mejorarlos pero nos negamos a hacerlo por la vía de aumentar las alícuotas. Por eso, una de las cosas que el gobernador dispuso fue prorrogar la estabilidad tributaria. El Estado deja de recaudar $ 20 mil millones este año por esa medida.

Pero se apuesta a que las empresas, en un contexto de dificultad, puedan mantener su nivel de actividad y empleo. Ahora, eso obliga a recaudar mejor. Hay un componente de evasión que hay que atacar pero también hay mucha gente que está fuera del sistema. Y no estoy hablando de quien tiene que transitar la informalidad para poder sobrevivir. Doy un ejemplo: la emisión del impuesto inmobiliario en Santa Fe es de $ 13 millones, en Córdoba es de $ 24 millones. Hay camino para recorrer. Pero también necesitamos instrumentos. Hace falta inversión en proceso y tecnología.

—¿Se avanzará en la gestión de la deuda de la Nación con la provincia por el descuento del 15% en la coparticipación?

—Ese es otro tema que hay que aclarar, porque queda la sensación de que hay una cuenta por cobrar al alcance de la mano. Esa deuda tiene una liquidación presentada por Santa Fe en sede judicial. La Nación la impugnó. Hay un controversia y no está definido el valor. Tenemos que esperar que la Corte lo defina. Una vez que lo haga, la Corte va a pedir a la Nación que haga una propuesta de pago. Si la propuesta de pago viene y satisface a la provincia, está todo bien. Si no, vamos con otra revisión y se abre otro plazo. La otra alternativa hubiera sido establecer un acuerdo con la Nación, como hizo Córdoba. Bueno, Santa Fe no lo hizo. Ahora nos encontramos con eso. También se hacía mención a que la Caja de Jubilaciones tenía una acreencia por $ 5.800 millones. Otra cosa que es inexacta. No hay ningún papel de la Ansés que diga eso. Ansés nos dijo que debe $ 3.200 millones. Entonces pedimos que se vuelva a evaluar todo. Son acreencias que hay que trabajar mucho para poder cobrarlas. El acuerdo por las Cajas tiene un sistema de anticipos, que la Nación va pagando y luego se ajusta. Cuando llegamos faltaban los pagos de noviembre y diciembre, que logramos cobrar hace diez días. Queda discutir ahora cuánto es la deuda. Y también tenemos que pensar en el 2019. Hubo reuniones con el ministro de Trabajo. El déficit de la Caja de Jubilaciones en 2018 fue de $ 7.336 millones y la Nación financió $ 1.356 millones. En 2019 el rojo fue 13.487 millones, casi se duplicó. Y la nación financió $ 3.870 millones, más los $ 762 millones que cobramos luego. Y el 2020 el presupuesto tiene previsto un déficit de $ 15.900 millones. También hay que aclarar que la Nación no financia el déficit que tiene la Caja, sino el que debería tener si el organismo hubiera pasado a la Nación. Por fuera de eso, hay que hacerse cargo. La diferencia es muy importante.

—Más allá de la discusión respecto de las cifras, la acreencia existe.

—Sí, claro. Y tenemos que trabajar, en el caso de la Caja, en los anticipos para el año 2020. Como el gobierno nacional no tiene presupuesto y está trabajando con uno prorrogado, no tiene las partidas. Ese es el argumento que plantean.

—¿Pero hay una estrategia para cobrar las deudas de la Nación?

—Estamos analizando distintas alternativas. Pero la verdad es que la Nación, en un contexto de restricciones fiscales, no creo que esté propensa a resolver algo sobre lo que hoy pesa una impugnación en sede judicial. Supongo que van a tratar de ver qué define la Corte. Estamos pensando alternativas para sugerir cuando sea el momento.

—Hubo algunas propuestas anteriormente. Se planteó, por ejemplo, el pago con bonos.

— Yo lo que digo es cómo está esta situación. Nadie puede tomar decisiones pensando que esa acreencia se va a cobrar. Por eso no podemos aceptar que políticamente se nos diga eso. Por otro lado, hay que ver las oportunidades. Porque esto no es sólo una cuestión económica sino también política. No es lo mismo hacer una propuesta en 2018 que haberla hecho en 2016.

—También es verdad que el presidente Alberto Fernández firmó en campaña un compromiso para cumplir con esas cuentas.

—Por supuesto. Tenemos la idea de plantear el recupero de esa acreencia, teniendo en cuenta mecanismos que permitan atemperar el impacto a la Nación y que a nosotros nos permita cobrar en un plazo razonable. Pero igual me gustaría retomar este tema cuando sepamos de qué monto estamos hablando.

—Volviendo al presupuesto 2020. ¿Cuáles son las herramientas que se están pidiendo para financiarlo? Algunas están en esa misma ley. ¿Se complementan o se excluyen con las que se discutirán en el marco de la ley de necesidad pública?

—La herramienta de financiamiento que está planteada en el presupuesto tiene un defecto. Está planteada por $ 12 mil millones de pesos, de los cuales 30% son para municipios. Te queda un monto casi igual al déficit previsto. El problema es que dice que esos préstamos deben tomarse con plazo mínimo de amortización de cinco años. Eso no existe en Argentina. Poner eso es como no poner nada. Tenemos que adecuarlo a las condiciones de mercado. Podés colocar un título, como hizo la ciudad de Buenos Aires, o acordar un préstamo sindicado, como Entre Ríos. Todas las provincias están muy activas porque todas tienen desequilibrio. Las otras dos herramientas, que están en el proyecto de ley, tienen que ver con la necesidad de afrontar el pago de deuda y restituir el Fuco. Lo que estamos viendo también es que la tasa de interés está bajando y va a seguir bajando. Después el presupuesto tiene prevista una emisión de letras por $ 3 mil millones pero que a todas luces es insuficiente. Lo que pedimos es una herramienta prudente, con fines específicos. Es una alternativa que permitiría desarrollar el programa de gobierno, que generalmente está en el presupuesto, pero no ha sido este el caso.

—¿Y en términos de ingresos qué están previendo?

—Estamos con algún grado de incertidumbre, planteada no sólo para Santa Fe sino para la economía nacional. Aquí hay una etapa que, de acuerdo a cuándo y cómo finaliza, nos va a permitir tener mayor certidumbre, que es la reestructuración de la deuda. Si va rápido y bien, es un escenario Y otro, si tiene algunas dilaciones. Eso impacta en la tasa de actividad y en la recaudación.

—Sancionaron a fin del año pasado una actualización tributaria. Y por otro lado, la Nación está restituyendo subsidios al transporte y congeló la tarifa mayorista de energía. ¿Esto alivia las cuentas provinciales?

—Con el tema impositivo, actualizamos el impuesto de emisión por un coeficiente menor a la inflación del año que cerró. Es un esquema prácticamente igual al 2019. Luego tocamos un par de alícuotas en Ingresos Brutos, a cerealeras y bancos. Y nada más. La apuesta es no aumentar, como hicieron otras provincias. Estamos conscientes del contexto. Ahora acordamos con la Nación un adelanto de coparticipación de $ 2.500 millones, que se devuelve en el mismo mes. Permite estabilizar un bache y acortar el cronograma de pago de sueldos. Que se restituyan los subsidios trae alivio, pero también tiene su correlato en la provincia, que va a congelar sus tarifas, y eso también tiene un costo fiscal.

—De acuerdo a esta descripción, este primer año va a ser a la defensiva fiscal. ¿Queda margen para financiar otras políticas de gobierno?

—El gobernador tiene su idea fuerza y esos son los lineamientos generales prioritarios que vamos a tratar de financiar. Siempre hay espacio para eso y ese el desafío. Hay que hacer un reordenamiento del gasto y mejorar la eficiencia y la equidad en la recaudación. Instrumentamos un plan de regularización tributaria amplio y beneficioso. Esto también va a permitir recaudar e incorporar nueva capacidad contributiva para el futuro.

—¿Esta vez puede haber segundo semestre en la economía?

—Creo que hay que esperar a ver cómo se resuelve la renegociación de la deuda para hacer proyecciones. En todos lados hay plan B. Pero son dos escenarios distintos. Lo que ya estamos haciendo es optimizar todos los financiamientos de organismos multilaterales que existen en el gobierno nacional. Hubo una subejecución importante en la gestión nacional anterior. Tenemos identificados los programas. No se logra de un día para el otro, pero ya empezamos a trabajar.

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