Buscando recuperar iniciativa política en plena tormenta judicial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este viernes un nuevo encuentro de la mesa política del gobierno nacional para ordenar la agenda parlamentaria y reactivar la dinámica en el Congreso.

En ese sentido, la atención se centró en los proyectos con los que procura avanzar el oficialismo, que definió remitir a la Legislatura la modificación a la ley de salud mental y la norma contra el fraude de pensiones por invalidez.

A la reunión, que tuvo como escenario la Casa Rosada, asistieron los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de fijar prioridades y coordinar la estrategia legislativa.

Dieron el presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo ausente ya que se encuentra en Washington (Estados Unidos) para asistir a las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Los objetivos del oficialismo

Respecto del proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez, el mismo modifica la actual norma de emergencia en discapacidad que la oposición logró sancionar y voltear el veto presidencial el año pasado.

El proyecto prorrogó la emergencia en el sector hasta 2027 y regulariza los pagos a prestadores, la actualización de aranceles y la reforma de pensiones no contributivas, entre otros puntos. El Ejecutivo quiere reducir el costo fiscal que esa iniciativa acarrea para las arcas del Estado.

La administración de Javier Milei también pretende impulsar una reforma política -con la posible eliminación de las Paso- y cambios en el Código Penal (que mantienen diferencias de ideas entre dos alas del gobierno), además de avanzar con la ley de propiedad privada.

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También se analizó el estado del proyecto de ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar cerca de 70 normas, leyes y decretos considerados obsoletos. La propuesta podría incluirse en una próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Asimismo, en Balcarce 50 intentan ordenar el frente interno y reflejar gestión en un contexto adverso alimentado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de Gabinete.

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Al respecto, continúa el debate en torno al informe de gestión que dará el propio Adorni en la Cámara de Diputados el 29 de abril próximo. El exvocero ya recibió alrededor de 4.800 consultas sobre la administración del gobierno y algunas respecto de su situación patrimonial.

Paralelamente, mientras la Justicia federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y diversas denuncias por compras de inmuebles no declarados, Adorni optó por mostrar un lado influencer y confrontativo en las redes sociales.

Lejos de brindar aclaraciones técnicas sobre su patrimonio, el funcionario dedicó las últimas horas a responder con ironía y sarcasmo a las consultas de los usuarios en la plataforma X. Incluso, el exvocero presidencial utilizó su habitual muletilla “fin” para desestimar críticas.

Frente judicial activo

Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si hubo contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete.

El magistrado solicitó una copia de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación, tras un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y a raíz de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, que indica que Angeletti pudo haberse visto beneficiada por esos convenios del Estado con firmas de las cuales ella es socia.

De ese modo, se busca confirmar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a algunas empresas contratistas públicas.

Asimismo, en la causa se procura esclarecer si existe un entramado societario alrededor de la concesión del predio de Tecnópolis.