Política

Adepa: la ley restringe la libertad de expresión y afecta la seguridad jurídica

Jueves 17 de Septiembre de 2009

La Asociación de Entidades  Periodísticas Argentinas consideró hoy que el proyecto oficial de Ley de  Medios, que obtuvo media sanción de Diputados, contiene  “restricciones a la libertad de prensa” y afecta “la seguridad jurídica”.

En un documento enviado a sus socios, Adepa enumeró las  “principales objeciones a la Ley de Medios” y elaboró un “Análisis  constitucional y de la libertad de expresión”.

Los siguientes son los puntos de ese documento:

  •  Afecta gravemente a la libertad de expresión por la  determinación de contenidos obligatorios para las emisiones radiales y  televisivas al igual que lo hace la Ley vigente de 1980 (Capítulo V  del Título III), donde se establecen pautas muy precisas sobre la  programación que deben emitir los licenciatarios, vulnerando su  libertad editorial (arts. 14 y 32 CN; art. 13 Convención Americana de  Derechos Humanos).
  • La ley lesiona seriamente el sistema federal, en particular  “la prohibición de dictar leyes que restrinjan la libertad de  imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal” (art. 32 CN).  Sin embargo varios de los artículos del proyecto le otorgan esta  jurisdicción a los servicios audiovisuales.
  • El proyecto no regula aspectos claves señalados como  deficiencias de nuestro sistema institucional, en tanto los mismos pueden  distorsionar el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el  derecho a la información: el establecimiento de criterios objetivos  para la distribución de publicidad oficial, y el acceso  transparente e igualitario a la información pública.
  • La integración de la Autoridad de Aplicación, en la que 4 a  5 de sus 7 miembros van a pertenecer al poder político de turno,  se contrapone a las recomendaciones de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos y la Relatoría por la Libertad de Expresión.
  • La restricción aparece con los amplios márgenes  discrecionalidad que se le otorga a la Autoridad de Aplicación, controlada por  el PEN, para el otorgamiento y caducidad de las licencias (arts.  33, 34, 50 y otros).
  • La amplia discrecionalidad de sus facultades, en muchos  casos merced a una delegación legislativa, viola los principios de  legalidad y razonabilidad, y en particular el artículo 28 de la Carta  Magna.
  • Hay una amplia delegación de facultades legislativas, por  ejemplo, en el alcance territorial de las licencias (art. 45) como  en las facultades de la Autoridad de Aplicación (art. 12). De  aprobarse el texto, el Ejecutivo en uso de esas atribuciones  determinará el alcance de la libertad de expresión en la Argentina.
  • Hay dos casos de censura previa notorios que violan el  artículo 14 de la Constitución. El primero (art. 48), involucra a los  diarios y a las revistas. Hoy los mismos pueden acceder, de acuerdo  al principio de igualdad ante la ley, a licencias audiovisuales.  Con la ley esta posibilidad queda reservada al arbitrio de la  Autoridad de Aplicación. La ley no establece pautas objetivas, con lo  cual dicha potestad podrá utilizarse de manera discrecional, como  sistema de premios y castigos o como herramienta de control  editorial.
  • El segundo (art. 52) involucra a las producciones  audiovisuales que no usan espectro (como los canales de cable), y por lo  cual su creación no puede estar sujeta a regulaciones estatales. En  este caso no sólo se les exige un registro oficial, sino que se  establecen restricciones arbitrarias (el máximo de una por  licenciatario), que afectan directamente la libertad de expresión.
  • El proyecto permite sólo la conformación de redes en medios  estatales (nacionales y provinciales), discriminando a los medios  privados que no podrán llegar con sus mensajes a distintos puntos  del país, y restringiendo el alcance de los mensajes  independientes al Gobierno versus aquellos emanados del mismo.
  • Derechos adquiridos: el artículo 161 viola, bajo el  eufemismo de la “adecuación”, derechos adquiridos bajo el amparo de leyes  anteriores. En efecto, dicho artículo desconoce licencias legales  vigentes y pretende desapoderarlas en el término de un año. Esta  disposición intenta forzar a los actuales licenciatarios sin tener  en cuenta que, justamente, son titulares de derechos concedidos  para un fin determinado. Se violan aquí no sólo el principio de  legalidad, sino el derecho de propiedad, el de libre comercio, el de  ejercer toda industria lícita y el de libre expresión, en general,  y el de la libertad de prensa en particular.

 

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