La Asamblea Legislativa fue convocada para el jueves próximo con el objetivo de sellar el destino de 82 pliegos de aspirantes a cargos en el Poder Judicial y órganos de control, todo un récord histórico en Santa Fe. Una convocatoria parlamentaria que no estará exenta de tensión política como consecuencia de las crecientes objeciones a algunos postulantes a magistrado comunitario por presuntas irregularidades en el proceso de selección. No obstante, en la Casa Gris le bajan el tono a la controversia con un sector de la oposición y aseguran que las turbulencias tampoco afectarán las chances de que el presupuesto provincial 2023 se convierta en ley ese mismo día.

El jueves pasado, la jueza de Distrito de la 1ª Nominación de Villa Constitución, Agueda Orsaria, ordenó a la Casa Gris la “suspensión inmediata” del proceso de elección y/o designación de magistrado Comunitario de Santa Teresa (localidad del sur provincial).

Fue en respuesta a la cautelar que presentó un abogado que figuraba en primer lugar en el orden de mérito para ese cargo y que, en el pliego remitido luego por el Ejecutivo a la Legislatura, “aparece desplazado” por la profesional que obtuvo el segundo puesto durante la fase inicial del concurso y “sin justificación alguna para ese proceder”.

Si bien la administración de Omar Perotti respondió con la correspondiente apelación al fallo de Orsaria, hay en gateras un par de resoluciones judiciales en sintonía. En ese marco, el sector de la UCR que lidera el diputado provincial Maximiliano Pullaro infla el pecho: pocos días antes de la resolución de la magistrada, había denunciado un supuesto “contubernio” entre la Casa Gris y el socialismo en torno a los jueces de Pequeñas Causas.

En el Ejecutivo aseguran que la polémica por los jueces comunitarios no interferirá en el avance del presupuesto" En el Ejecutivo aseguran que la polémica por los jueces comunitarios no interferirá en el avance del presupuesto"

A su vez, legisladores de distintas bancas no peronistas reclamaron que los 36 pliegos de aspirantes al cargo de magistrado comunitario fueran retirados. Sobre ese planteo, en la Gobernación deslizaron ayer a La Capital: “No hay ninguna posibilidad”. El viernes pasado, el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, había ligado la judicialización del proceso a la oposición.

Entre el miércoles y el jueves, la comisión bicameral de Acuerdos entrevistó a 36 postulantes a magistrado comunitario, 18 a juez Penal, seis para los fueros Civil, Comercial y Laboral y 19 aspirantes a fiscal titular o adjunto.

Lo propio ocurrió con Marcelo Terenzio, como candidato a vocal del Tribunal de Cuentas santafesino, y al ex ministro de Seguridad provincial Jorge Lagna y Jorge Hurani, como directores del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress).

Los pliegos deberán ser tratados en una asamblea de 69 legisladores (50 diputados y 19 senadores provinciales). Pero antes habrá que elaborar los dictámenes por la aprobación o el rechazo de los postulantes.

Respecto de los polémicos jueces comunitarios, la oposición tiene en la mira a casi una decena de aspirantes. En ese contexto, la Casa Gris podría retirar algún pliego en función del grado de rechazo al candidato bajo la lupa.

En caso de que la Asamblea Legislativa no siente posición sobre los 82 pliegos que envió el Ejecutivo, la titular del Senado provincial, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, podrá realizar otra convocatoria para el 30 de noviembre. Y, de persistir la controversia, se avanzará con una sanción ficta o de hecho.

Otro frente

Paralelamente, la Cámara baja deberá tratar el jueves la proyección de gastos (la última de la gestión de Perotti) y la correspondiente ley tributaria, que tienen media sanción del Senado.

En el Ejecutivo no visualizan dificultades y, a diferencia de lo ocurrido con el debate del presupuesto en ejecución (aprobado recién en marzo de 2022), una mayor distribución a municipios y comunas y la asignación de un destino específico a determinados recursos son las modificaciones que garantizan luz verde en Diputados y, en función de lo acordado, la inmediata sanción por parte de la Cámara alta.

En esta oportunidad, la Gobernación fue veloz en aceptar algunas de las modificaciones sugeridas por la oposición. Y eludió una desgastante dilación.