Un policía de 31 años procesado por encubrimiento agravado y a quien le secuestraron una de las armas utilizadas en el atentado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, ocurrido en octubre de 2013, volvió a prisión luego de que la Cámara Penal le revocara la prisión domiciliaria. “Usted fue sorprendido traficando y poniendo a la venta el arma con la que se atentó contra el gobernador, por lo cual se espera un pronóstico de alta pena y hay graves elementos probatorios que lo involucran”, le advirtió el juez al acusado antes de ventilar una escucha en la que Espíndola le dice a un supuesto comprador: “No te cuelgues, mirá que es un fierro caliente”. En tanto, a un joven de 24 años imputado como participe del hecho, se le mantuvo el beneficio. “No me salga de la casa, no me pise una baldosa de la vereda porque se le vuelve en contra”, lo apercibió el juez.
Entre jueves y viernes el juez de Cámara Alfredo Ivaldi Artacho revisó la resolución por la cual Pablo Espíndola, de 31 años y ex oficial de la comisaría 10ª; y Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, de 24 años, accedieron a la prisión domiciliaria. Ambos están procesados como partícipes del ataque a tiros contra la casa del gobernador, a las 21.15 del 11 de octubre de 2013. Fue una ráfaga de entre 13 y 16 balazos calibres 9 y 11.25 que perforaron ventanas y hasta la puerta de ingreso de la casa donde el titular del Ejecutivo estaba dentro junto a su esposa.
Según las primeras actuaciones, los agresores eran cuatro y se movilizaban en dos motos con sus cabezas cubiertas. Y de inmediato el gobierno enmarcó el hecho en una consecuencia directa de su accionar contra el narcotráfico.
Primer paso. En noviembre pasado ambos imputados fueron procesados por la jueza Alejandra Rodenas. A Sandoval le achacaron amenazas agravadas por el anonimato, uso y abuso de arma de fuego y daños. En tanto a Espíndola le atribuyeron estrechos vínculos con Ema Pimpi y le secuestraron la pistola 11.25 utilizada en el atentado.
Luego de pasar más de un año en prisión, las defensas pidieron arresto domiciliario. Y Rodenas hizo lugar al pedido el 18 de diciembre.
La resolución fue apelada por el fiscal Enrique Paz y la querella, en manos de Héctor Superti. Así se llegó a la audiencia de ayer que presidió Alfredo Ivaldi Artacho. Con la presencia de los acusados, sus defensores y la querella, la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren pidió que se revoque el beneficio.
Si bien diferenció que en base a las pruebas de la causa la responsabilidad penal para cada uno conlleva condenas de prisión efectiva, utilizó argumentos comunes a la hora de contextualizar el episodio. “Se trata de un atentando contra la máxima autoridad provincial, en su misma casa. Eso no es un delito común. El objetivo fue obtener concesiones para amedrentar a la autoridad desplazada (en referencia al jefe de la seccional 10ª) con el fin de hacer cesar los procedimientos contra el narcotráfico. Es de gravedad institucional para toda la ciudadanía”, refirió la fiscal. Y manifestó que “hubo un análisis superficial y apresurado de las garantías que se ofrecieron”, al fustigar los elementos que ponderó Rodenas.
Superti adhirió a esa postura y señaló que “tanto en el procesamiento como en la apelación fiscal, se señala la peligrosidad procesal”. Y tildó de “desprolijas e insuficientes” las medidas que tomó Rodenas. “No estamos de acuerdo con el régimen de control y vigilancia”, indicó el ex ministro de Justicia. “Ella es responsable de lo que decidió”.
Pruebas en duda. Marcos Cella, abogado de Sandoval, sostuvo la inocencia de su cliente y puso en duda las pruebas. “Sandoval está preso, no está en libertad. Lo acusan de narcotraficante y hace 16 meses que está pagando por el delito de amenazas simples y portación de arma”, se envalentonó. Y recordó que su cliente “estuvo preso ocho meses en Coronda. Presentamos tres hábeas corpus correctivos para que cese ese estado y lo mandaron a una celda de castigo en Piñero. Se olvidan del principio de inocencia”.
“Desde el primer día se menciona a Sandoval, pero no existen pruebas y hoy está sentando acá. No hay peligro procesal porque ya se cerró la instrucción, se lo procesó por autor intelectual porque Rodenas no lo puede ubicar en el lugar del hecho”, agregó el abogado.
Cella se despachó contra el Poder Ejecutivo santafesino: “Si hay peligro procesal es del gobierno provincial, de la corrupta policía y del Servicio Penitenciario por los tormentos y torturas contra Sandoval. Le armaron seis causas, todas cerradas con falta de mérito”, fustigó el abogado y pidió que se confirme la prisión domiciliaria.
En cuanto a la situación de Espíndola, la fiscal dijo que “fue procesado por encubrimiento agravado por ser policía, en calidad de autor, portación ilegal de arma de guerra, y uso de documento falso”. Y recordó que “se le secuestró el arma calibre 11.25 con la cual se atentó contra la casa del gobernador”.
“Espíndola era policía de la comisaría 10ª, con jurisdicción en la zona. Por la gravedad y repercusión, no puede aislarse como un hecho más de inseguridad. Se atentó contra la institucionalidad. Cuando lo procesó, la jueza reiteró la peligrosidad procesal, pero aceptó como garante a una joven de 23 años (la pareja) sin hacer un análisis profundo”.
El defensor particular de Espíndola, José Nanni, recordó que su cliente “está desde 20 de diciembre de 2014 en su casa y nunca dio motivos para que la jueza sospeche de su confianza. No se sabe quienes fueron los autores materiales e intelectuales y hubo más de 25 nombres que tiró cada fuerza que intervino en la investigación. Fue una excursión de pesca policial”, graficó.
“El caso se solucionó por lo más fácil. Pero Espíndola no fue. Después de 90 días nada pasó y ahora está aquí. Se lo acusa de encubrimiento agravado, con una pena de 1 a 6 años de prisión, y estuvo un año detenido en condiciones inhumanas por lo que ya cumplió en prisión el mínimo de la pena que impone el delito tendría que pedir su libertad”.
Ni una baldosa. Tras escuchar a las partes Ivaldi Artacho dijo: “Acá no se discute la prisión preventiva, que está firme, sino su modalidad”. Entonces posó su mirada sobre los controles de los reos: “No cierra la discrecional diferencia respecto de los controles entre uno y otro acusado. Mientras que a Sandoval lo custodian todo el día la TOE, Asunto Internos y la comisaría 10º, a Espíndola sólo lo hace tres veces por semana la comisaría 24ª”.
“No se trata de un caso de inseguridad, es un hecho gravísimo. Fuera del partido o color político que fuera, fue un atentado contra la vida del gobernador. Y hay un grado de probabilidad de participación de ambos en el hecho”. Aunque aclaró: “las perspectivas de condena al menos son opinables”.
Es que según el camarista, y para alivio de Sandoval, Rodenas ponderó un informe de inteligencia “bastante opinable, testimonios de personas que no fueron identificadas y llamados al 911 donde no se lo ubica en el lugar del hecho. Tampoco hay testigos presenciales. No hay escucha que lo comprometan”, valoró.
Mirando fijo a Sandoval, Ivaldi Artacho le aclaró que hay escuchas donde “se lo menciona en un montón de delitos graves”. Sin embargo decidió confirmar la prisión domiciliaria. “No me salga de la casa, no me pise una baldosa de la vereda, porque se le vuelve en contra”, le advirtió con vehemencia.
Y a Espíndola le dijo: “Tiene un garante débil (su pareja), de corta edad, que trabaja fuera del domicilio. Además hay un control excesivamente laxo. Los agentes de la comisaría de Granadero Baigorria lo visitan sólo tres veces por semana, algo desproporcionado por su carácter de funcionario policial. Usted fue sorprendido traficando y poniendo a la venta el arma con la que se atentó contra el gobernador”, advirtió el camarista. Y agregó que la pistola 11.25 que se le encontró fue peritada de forma positiva y se determinó que la tenía en venta por 4.000 pesos.
En ese contexto, el magistrado calificó de “insuficiente” la prisión domiciliaria porque existe un peligro real de fuga a medida que avanza la causa “hacia una condena”. Y le revocó el beneficio mandándolo otra vez tras las rejas.
