La causa penal de mayor trascendencia política en la provincia en los últimos cuatro años finalmente se juzgará en un proceso oral y público. El juez de Sentencia Edgardo Fertitta dispuso ayer que el célebre expediente 913/12 por asociación ilícita contra la banda de Los Monos, en el que aún restan juzgar a 25 personas, sea ventilado en un trámite oral. Así lo había pedido el sindicado jefe del grupo, Ariel "Guille" Cantero, junto al "núcleo duro" de los acusados. La decisión alcanza a todos los implicados, a pesar de que siete de ellos se oponen porque llevan más de un año en juicio escrito. Para más realce, en las mismas audiencias se ventilará el crimen de Diego Demarre, dueño del boliche frente al que asesinaron a balazos al hermano de Guille en mayo de 2013.
Si el ambicioso proyecto se concreta, a excepción de los juicios federales por delitos de lesa humanidad, será el debate oral más complejo del que se tenga registro en Santa Fe desde la reforma penal de 2014 que instaló la oralidad para el trámite de causas provinciales. Y no se conocen precedentes de audiencias con tantos imputados ante un tribunal.
Dos causas. En el juicio, con fecha a definir, se abordarán dos causas en simultáneo. Por un lado, la que reveló el funcionamiento de una organización delictiva conformada por civiles y uniformados dedicada a la comisión de delitos, asegurar la violencia territorial y el negocio del narcotráfico. Esa casua fue investigada en su mayor parte por el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. Y por otro lado, el expediente iniciado por el crimen de Demarre, dueño del boliche Infinity Night donde mataron a Claudio "Pájaro" Cantero el 26 de mayo de 2013.
Entre los cinco procesados por la ejecución del bolichero está "Guille" Cantero, acusado de ser el autor material. Hacia abajo, en la pirámide, sus principales laderos Jorge Chamorro y Leandro Vilches están acusados de integrar la banda y a la vez como partícipes del homicidio del bolichero. Como los nombres se superponen, "razones de conexidad subjetiva y objetiva y de economía procesal" determinaron a Fertitta a decidir que ambos procesos tramiten "conjuntamente y bajo la misma modalidad". "La existencia de identidad de imputados y evidencia o prueba común así lo impone", remarcó.
El juicio oral por Demarre, asesinado a tiros desde un auto cuando llegaba a su casa de Maipú y bulevar Seguí, había sido solicitado en febrero por el fiscal Luis Schiappa Pietra y los detenidos lo consintieron. Estaba previsto para agosto próximo, pero ahora se postergará para acoplarse con la causa 913/12 seguida a la banda. En ese expediente, 25 acusados aún deben ofrecer la prueba a discutir en el juicio antes de que se defina el tribunal y se fije fecha. La acusación recaerá en otro fiscal, Gonzalo Fernández Bussy, quien se había pronunciado a favor de un trámite oral en simultáneo con el caso Demarre.
Detonante. La asignación de proceso oral a ambas causas es consecuencia casi directa del fracaso, en septiembre pasado, de un polémico acuerdo abreviado que otorgaba penas atenuadas a Guille y sus dos secuaces en el caso Demarre. Entonces, el camarista Daniel Acosta lo declaró inadmisible por falta de fundamentos.
Lo que sí prosperó fue un acuerdo abreviado que firmaron 11 acusados de pertenecer a la banda. Entre ellos la madre de Guille, Patricia Celestina Contreras; y el señalado como lavador de activos del grupo, Mariano Ruiz. Aceptaron los delitos, admitieron la validez de la prueba y recibieron penas que rondan 3 años de prisión.
Pero la causa Demarre quedó en suspenso hasta que tres meses atrás se presentó la acusación fiscal bajo el encuadre de homicidio agravado, delito que prevé una pena mínima de 10 años y 8 meses. El trámite de la causa de Los Monos, en tanto, avanza en distintos segmentos. Once implicados ya cerraron penas por vía del abreviado. Dieciséis (entre los que se ubica la mayoría de los empleados de fuerzas de seguridad) llevan más de un año en juicio escrito en el juzgado de Sentencia Nº 6 y en etapa probatoria. La mayoría están en libertad o con prisión preventiva morigerada.
Otros dos integrantes llegaron a juicio en diciembre. Son Ariel "El viejo" Cantero, procesado como uno de los líderes de la banda al igual que su hijo, y el comisario inspector Gustavo "Gula" Pereyra. Los últimos siete, con Guille a la cabeza, desembarcaron en la etapa de juicio en marzo.
Fue entonces cuando los defensores de los supuestos jefes, Adrián Martínez, Carlos Varela y Fausto Yrure, pidieron juicio oral por todo y para todos. Hay que aclarar que la causa por asociación ilícita es del viejo sistema penal y, por su carátula, prevé trámite escrito. Pero el código de procedimientos que la rige admite la oralidad en delitos con un mínimo de 5 años de pena, de manera optativa y siempre que estén de acuerdo todos los implicados.
Oral para todos. En eso se basaron los abogados para instalar el planteo que ayer tuvo el okey del juez Fertitta, encargado de preparar el juicio. En un escrito de 24 páginas de corte técnico, el juez avaló la oralidad por "la trascendencia social y jurisdiccional de toda la causa y sus entramados civiles y policiales ligados a graves delitos relacionados con el narcotráfico, sus conexiones y repercusiones procesales".
Todo esto, en la valoración del juez, "hace pertinente la tramitación en un mismo sistema de juicio para todos los coimputados". Consideró que a pesar de la negativa de algunos el juicio no puede escindirse: "Es oral para todos o escrito para todos". Y en esa disyuntiva se inclinó por el trámite "que mejor contemple los principios de inmediatez y publicidad" (ver aparte).
Con esta solución, que no impide celebrar abreviados, concedió el deseo de la mayoría. "Se ha resuelto de acuerdo al Código", celebró Carlos Varela, abogado promotor del trámite oral. De los 25 imputados, 13 se expidieron a favor y 5 no manifestaron su opinión. Pero los otros 7 se opusieron. Por eso, la de Fertitta no es la última palabra porque aún puede intervenir la Cámara Penal si los disconformes apelan.
Cuestionamientos. "Iremos hasta la última instancia por una cuestión de violación de derechos constitucionales. No me opongo a que el resto vaya a juicio oral si quiere, pero para mis clientes el juicio ya está iniciado y con el período de pruebas casi cerrado. De golpe quieren dar marcha atrás con lo que se hizo en un año", retrucó el abogado Rodrigo Mazzuchini, defensor de los policías Cristian Floiger y Juan José Raffo. Para este último los plazos no son de forma: está en prisión domiciliaria con salidas laborales.
Para los acusados que, como ellos integran el grupo con trámite escrito en marcha, Fertitta dispuso retrotraer lo actuado al inicio. Busca darles la oportunidad de ofrecer de nuevo la prueba, en las mismas condiciones que el resto. "Es un desmanejo iniciar de nuevo un juicio en el que mis clientes están estratégicamente en una buena posición. Esto va a generar más retraso", insistió Mazzuchini de cara al próximo paso en la causa más resonante, que ahora promete vidriera.
