Por Hernán Lascano
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que corresponden a Franco Casco los restos exhumados por segunda vez el pasado 28 de marzo en el cementerio municipal de la ciudad bonaerense de Florencio Varela. Tal ratificación tendrá un efecto determinante en el derrotero del caso judicial que tiene a 18 policías con procesamiento confirmados por distintos delitos ligados a la desaparición forzada seguida de muerte del muchacho. Así, con el nuevo informe pericial, el fiscal federal interviniente dará por cerrada la instrucción del caso y pedirá la elevación a juicio del expediente.
Casco había llegado a Rosario desde su casa de Florencio Varela para visitar a familiares en Empalme Graneros. El 6 de octubre de 2014 planeaba tomar un tren a Retiro para regresar a su hogar pero nunca llegó a abordar la formación. Cuando sus familiares lo buscaron en comisarías, en la 7ª les retacearon información. Cuando se halló su cadáver en el río Paraná, con signos de haber sido torturado, la investigación pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada.
Compatibilidad genética
El informe elaborado tras la última exhumación llegó durante la última semana al despacho del fiscal federal de Rosario Guillermo Lega, quien ordenó el trámite porque la identidad del cuerpo había sido puesta en duda por informes genéticos anteriores. Ahora, los especialistas del EAAF establecieron que se trata del mismo cuerpo hallado el 28 de octubre de 2014 en el río Paraná tras estar dentro de la seccional 7ª, que fue examinado en anteriores autopsias en Rosario y en la primera exhumación realizada en 2015.
El análisis de ADN realizado ahora confirma la compatibilidad genética entre los restos examinados y muestras tomadas a sus padres, Ramón Casco y la ya fallecida Elsa Godoy, con una correspondencia del 99,9 por ciento.
El examen observó como dato de interés la cicatriz de una posible lesión en la 5ª y 6ª costilla correspondiente a un evento que podría haber ocurrido dentro de los 14 días anteriores al deceso, compatible con la fecha en que Franco estuvo detenido en la 7ª. Sin embargo hay pendiente un estudio complementario solicitado por las defensas y admitido por el fiscal dado que en las placas radiográficas anteriores no se verifica esa lesión y la costilla analizada estaba desprendida del cuerpo.
Otra dato relevante del informe determina que las piezas dentarias que faltan en boca de Franco no fueron desprendidas en vida. Esto es importante porque la ausencia de los incisivos centrales superiores en la investigación inicial del fiscal Marcelo Degiovanni se consideró traumática, lo que el acusador tomó como indicio de la aplicación de violencia, en principio golpes, durante su detención en la 7ª. Al respecto, una pericia de dos odontólogos forenses que fue adjuntada tardíamente al expediente indicaba que no hubo desprendimiento traumático porque los alveolos donde estaban implantados los dientes estaban sanos. Y eso fue confirmado por la autopsia.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que la imputación contra los 18 policías que tienen procesamiento firme no variará dado que el delito de base se mantiene: desaparición forzada seguida de muerte. Queda la realización de algunas pericias complementarias que no alterarán la clausura de la instrucción y su elevación a juicio para después del receso judicial de invierno.
El fiscal ya les adelantó a las partes que están por cumplirse los plazos máximos de dos años de prisión preventiva de los acusados y que no se opondrá al otorgamiento de excarcelaciones o morigeraciones porque no hay peligrosidad procesal o peligro de fuga.
Para la acusación refrendada por el juez federal Carlos Vera Barros, Franco desapareció el 6 de octubre de 2014 y fue hallado sin vida en el río Paraná 22 días después. El magistrado consideró probado que el último lugar donde estuvo la víctima fue la comisaría 7ª e imputó a 30 policías en distintos grados de participación por desaparición forzada de persona agravada por la muerte.
En el momento de la acusación contra esos 30 policías por este caso, en agosto de 2017, todos quedaron presos. Luego de la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones, 12 de los imputados fueron desvinculados y hoy sólo hay detenidos nueve efectivos de los 18 que irán a juicio.
El proceso oral y público venidero estará marcado por la controversia entre acusación y querella, por un lado, y las defensas, por otro. Las primeras señalan que está ratificado el planteo de la Fiscalía aún con algunas modificaciones en el trámite. Las defensas dicen que los informes incorporados tras los procesamientos determinan ausencia de delito.
Al banquillo
Los policías que llegarán al banquillo con sus procesamientos firmes son: Diego José Alvarez, por entonces jefe de la 7ª acusado de desaparición forzada de persona agravada por la muerte y torturas seguida de muerte; Cecilia Ruth Contino y Walter Eduardo Benítez, como coautores de desaparición forzada e imposición de tortura agravados por la muerte; como coautores de la desaparición forzada los policías César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Daniel Silva; el agente Fernando Esteban Blanco como partícipe secundario al igual que Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Belkis Elisabeth González y Walter Daniel Ortiz, a quienes les atribuyeron haber colaborado con un hecho criminal del que no tenían dominio; finalmente Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar están acusados de encubrimiento.
para siempre. Ayer pintaron un mural de Franco en la plaza de las Américas, en Salta e Iriondo.
Ayer, el mismo día en que Franco Casco hubiese cumplido 25 años, la Multisectorial contra la Violencia Institucional llevó adelante una jornada de recuerdo y pedido de justicia "para pelearle al olvido". La misma se realizó a partir de las 12 en la Plaza de las Américas (Salta e Iriondo) donde hubo una olla popular y se pintó un mural del joven asesinado tras estar preso en la seccional 7ª y cuyo cuerpo apareció 22 días más tarde en el río Paraná. El caso es investigado por la Justicia Federal como desaparición forzada seguida de muerte luego de que distintas medidas probatorias dieran cuenta de que dentro de la seccional Franco fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes (ver nota central).
Según refirió Ramón Casco, el padre de Franco, "la idea de pintar un mural con la cara de mi hijo en esta plaza surgió porque es la zona donde fue detenido por la policía". Y se lamentó de que todavía no haya fecha para el inicio del juicio oral al cual llegarán imputados 18 policías, aunque fuentes judiciales aseguraron que tras la feria de invierno y con los últimos resultados periciales todo se encamina a que comience el debate.
En tanto, hoy a las 15, en la plaza César Tabares de Callao y Cazadores (Arijón al 2700) habrá una mateada y se restaurará el mural de David Campos y Emanuel Medina, dos amigos acribillados a balazos en junio de 2017 por agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica tras una persecución vehicular.
Para la Multisectorial contra la Violencia Institucional ese hecho fue "arbitrario e indiscriminado" y "desobedeció los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad exigidos para el uso policial de la fuerza y, en particular, para disparar sus armas de fuego reglamentarias".