Policiales

Una denuncia al jefe de la alcaidía desnuda una opaca trama en ese penal

La madre de un preso lo acusó de pedir plata para concretar un traslado a Piñero que tenía orden judicial El oficial mantuvo su puesto pese a escándalos recientes e informes críticos de áreas de gobierno.

Lunes 19 de Septiembre de 2011

El jefe de la alcaidía mayor de la Jefatura de Unidad Regional II, comisario inspector Adrián Avaro, fue denunciado en Tribunales por la madre de un detenido, que lo acusó de solicitar dinero a cambio de canalizar un traslado hacia la cárcel de Piñero. Lo significativo del caso es que, según fuentes de la causa, el traslado había sido dispuesto por un juez, por lo que su demora implica para los patrocinadores de la denunciante un acto de desobediencia judicial.

Bajo la visibilidad de esta denuncia formal circula un sinnúmero de señalamientos hacia el mismo funcionario por actos irregulares que están asentados en informes oficiales recibidos por el Ministerio de Seguridad, tanto por vía de juzgados como de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Lo que señalan desde estas reparticiones es la forma masiva y reiterada en que familiares de detenidos apuntan a la actual conducción de la alcaidía por ilegalidades hacia los internos que son descriptas en detalle y casi nunca se denuncian. La razón es que aunque los allegados a los detenidos muchas veces quieren hacerlo, éstos reniegan de ir a Tribunales por temor a represalias. En esto coinciden parientes de presos y funcionarios judiciales y de gobierno que hablaron con este diario.

Postulado para ascender este año a comisario mayor, Avaro aparece como beneficiario de un favoritismo que lo mantiene en el cargo pese al conocimiento formal, en el gobierno y en la policía, de tales situaciones. ¿De qué se habla? De algo que no es nuevo: cobro de dinero para garantizar mejores condiciones de detención, para facilitar mejores raciones de comida, para permitir el ingreso a la alcaidía de elementos prohibidos, para obtener traslados a lugares más ventajosos como el pabellón 3 y hasta para habilitar salidas.

Esto último no parece inverosímil si se considera la extravagante forma en que ganó la calle el narcotraficante Carlos Fiordellino en junio pasado y la no menos insólita explicación policial (ver aparte). Tras esa salida facilitada, el Ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompensa de 100 mil pesos por datos sobre el evadido.

Sabido. Algunos de estos temas son conocidos en despachos oficiales que se ocupan de cuestiones policiales y penales. La jueza de Ejecución Penal de Rosario, Luciana Prunotto, elevó un escrito al Ministerio de Seguridad consignando irregularidades en la administración de la alcaidía por el que tuvo respuesta del secretario del área Horacio Ghirardi.

Tampoco se ignora esto en la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad, a cargo de Facundo Paschetto, y en la Dirección de Asuntos Internos Policiales. Desde la subsecretaría de Derechos Humanos en Rosario dijeron el viernes a este diario: "Estas ilegalidades son vox populi. Si alguien conversa con los familiares cuando hacen cola en la alcaidía el día de visita encontrará un relato unánime sobre los beneficios que están tarifados. ¿Por qué no hay denuncia? Porque el interno que tiene que ratificarla después tiene que volver al pabellón", se planteó.

Audacia. El 2 de septiembre pasado la madre de Daniel R, de 26 años, planteó ante la jueza de Instrucción Nº 12 Mónica Lamperti que Avaro le había requerido una suma de dinero para dar curso al traslado de su hijo a la unidad 11 de Piñero y que derivó la gestión del cobro a un intermediario.

Pareció un acto de audacia extrema no sólo por el delito presunto. Ese traslado ya estaba ordenado por el juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone. "En la alcaidía dijeron que no podían transferir al interno porque no había cupo en Piñero. Pero cuando hicimos la consulta allá respondieron que el oficio del juez había llegado, que tenían lugar y que el interno no llegaba", dijo José Ferrara, representante de la denunciante. A partir del número de celular y del nombre que aportó la mujer, la Dirección de Asuntos Internos requirió medidas a la jueza Lamperti para identificar al intermediario.

Beltramone parece tener un imán que le atrae complicaciones reiteradas con la alcaidía. El 27 de mayo de 2010 Beltramone obtuvo datos reservados de que se iba a ingresar allí un teléfono celular a uno de los acusados del homicidio de Roberto Pimpi Camino. Orden de allanamiento mediante, dispuso un operativo sorpresivo de Asuntos Internos a fin de interceptar el aparato.

Pero cuando la comisión presentó la orden para irrumpir en el pabellón el subjefe de la alcaidía, Fernando Arco, impidió el acceso.

Esto le valió a Arco el relevo y un procesamiento por cohecho. Aquel fallo de Beltramone describe, a partir de escuchas telefónicas, casos de familiares que pagaron dádivas a funcionarios de la alcaidía para permitir el paso de bebidas alcohólicas, otros elementos prohibidos y hasta beneficios como elegir en qué pabellón estar y con quiénes como compañeros. El jefe en la alcaidía ya en ese momento era Avaro (ver "perverso sistema de castas").

Los testimonios que recogieron en la Secretaría de Derechos Humanos señalan, por ejemplo, que en el pabellón 3 están los internos que tienen poder de efectuar pagos. Y que es ostensible cómo allí se reciben mejores raciones alimentarias.

Desde adentro. Las mayores murmuraciones que salpican a Avaro provienen de las filas que él integra. Varios camaradas lo acusan de guardar cuatro vehículos a su disposición en un galpón dentro de la misma Jefatura enfrente de la Agrupación Cuerpos y manejar una cupé Mitsubishi GTO roja modelo 2007 patente GUN-209 que no figura a su nombre.

En Asuntos Internos iniciaron un expediente patrimonial que no habría prosperado porque, según fuentes policiales, sus posesiones económicas no acreditan una situación de ilegalidad.

El descendiente. Tampoco tiene explicación por qué un hijo de Avaro —Jonathan, de 25 años— que revista como agente en la Unidad Regional II y tiene denuncias radicadas este año en dos juzgados correccionales nunca fue pasado a disponibilidad como cualquier empleado policial que atraviese una situación semejante.

La primera denuncia por apremios ilegales en un boliche de Arroyo Seco a un chico de 14 años se radicó en el juzgado correccional Nº 5. El expediente se inició en abril cuando la madre del adolescente, Miriam Solís, acusó a Jonathan Avaro de pegarle a su hijo en el boliche Karajo Disco Dance, donde se habría desempeñado como vigilador, con lesiones verificadas por el médico forense.

La mujer radicó luego una denuncia por amenazas atribuidas a Avaro hijo en el juzgado correccional Nº 6.

“Avaro es conocidísimo y cada vez me entero de más cosas. Dicen que ya trabajó en otros boliches de Arroyo Seco como seguridad y que de todos se tuvo que ir por problemas de violencia, porque les pega a los chicos.

Pero nadie lo denuncia, entonces este desequilibrado no tiene límite. Me dijeron que hace nueve meses que es policía y que es el hijo del jefe de la alcaidía de Rosario, lo cual explicaría por qué no lo echan”, sostuvo Solís en una nota que publicó este diario el 7 de abril pasado.

Según explicaron fuentes del gobierno los pedidos disponibilidad los requieren los jefes de departamentales y luego son refrendados por el jefe de policía de provincia. Avaro hijo no fue pasado a disponibilidad por este caso.

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