Policiales

Una condena que llegó demasiado tarde se cumplirá bajo arresto domiciliario

Les dieron 7 años por un delito cometido en 2007. Sólo estuvieron presos un mes y ahora trabajan y estudian, por lo que purgarán la condena bajo arresto domiciliario.

Domingo 16 de Agosto de 2015

A pesar de que el sistema penal fue cambiado en la provincia de Santa Fe brindando nuevas garantías y plazos más rápidos a los procesos judiciales, aún quedan varias causas dando vueltas en los viejos despachos tribunalicios pendientes de resolver. Tal es así que esta semana se conoció la sentencia definitiva contra tres hombres acusados de un robo ocurrido en 2007 que, ya rehechas sus vidas y con trabajo efectivo, deberán purgar la condena bajo arresto domiciliario para no interrumpir su lograda resocialización.

La historia se remonta al año 2007 cuando tres hombres armados y a bordo de un auto que habían robado días antes llegaron a un cíber de Santa Fe al 1800 que fue escenario de numerosos atracos. Allí amenazaron al encargado y a los ocasionales clientes para robarles las pertenencias y el dinero de la caja. Después huyeron y pocos días más tarde, a partir de las filmaciones registradas en el comercio asaltado y otras pruebas, fueron detenidos.

Entonces la Justicia los identificó como Maximiliano Montaño, Gerardo Alejandro Sandri y Nahuel Alexander Martínez, quienes fueron imputados de robo simple, robo calificado por el uso de arma de fuego y alteración de la numeración de un objeto registrado por ley (el arma). Los tres fueron a parar tras las rejas pero, a pedido de las defensas, recuperaron la libertad un mes más tarde aunque siguieron ligados al proceso.

Siete años después. Tras cumplirse todas las instancias procesales habidas y por haber en el viejo sistema penal santafesino, la condena a los tres hombres fue dictada recién el 20 de octubre de 2014 cuando el juez Julio Kesuani dictaminó 8 años de prisión para Montaño como autor penalmente responsable de los delitos de robo simple (dos hechos), robo calificado por el uso de un arma de fuego agravado por la participación de un menor, y alteración de numeración de un objeto registrado por la ley. A este joven el magistrado le unificó la pena con otra condena, dictada el 6 de abril de 2011 por el juzgado de Sentencia 4 a cuatro años y ocho meses de cárcel. Por lo tanto Montaño vio elevada su pena a 11 años y medio de cárcel que empezará a cumplir recién ahora.

Distinto fue el caso de Sandri y Martínez, cuyos abogados apelaron la sentencia al entender que en todo este tiempo lograron resocialisarse, no volvieron a delinquir, trabajan y la pena impuesta es similar al tiempo transcurrido desde que cometieron el delito por el cual fueron juzgados. En ese marco, por disposición de los jueces Daniel Acosta, Guillermo Llaudet y Carlos Carbone, ambos cumplirán la sentencia en sus domicilios y sin verse imposibilitados de seguir adelante con la vida que rehicieron.

Finalidad humana. "Mi cliente nunca más delinquió, está como apoderado legal y al cuidado de su abuela que es una persona mayor y postrada, y además trabaja como estibador en una terminal portuaria, por lo que mandarlo a prisión siete años después del hecho imputado sería arruinarle la vida", dijo el abogado Marcos Cella, representante legal de Sandri.

El profesional comentó que la pena a su cliente fue acordada con el fiscal de Cámara Guillermo Corbella, quien "entendió que han pasado siete años desde la comisión del delito y que Sandri no posee otros antecedentes de condena". Además, remarcó y quedó asentado en el fallo, que "el acuerdo tiene una finalidad social y humana por la que Sandri cumplirá su pena bajo la modalidad de semidetención con salidas laborales y escolares diarias y será acompañado por su sobrina, quien se comprometió a efectuar los traslados y garantiza el buen comportamiento del muchacho".

Idéntica situación planteó el abogado José Guirado en nombre de Nahuel Martínez. Mientras que el fiscal de Cámara Guillermo Camporini admitió los acuerdos y manifestó que "ambos condenados están trabajando y estudiando para su desarrollo personal".

Críticas. En el fallo que firmaron los camaristas Acosta, Llaudet y Carbone se remarca el "aspecto resocializador de la pena en la medida que se fundamenta en la reinserción real a partir del trabajo que se está cumpliendo y la faz educativa", y sostiene que "a juicio del suscripto existe un sobredimensionamiento de la envergadura constitucional del sistema adversarial, no en su apreciación aislada sino en su consideración con todos aquellos ingredientes indispensables para un análisis de conjunto". Al respecto agrega: "Dicho en buen romance, hay vida constitucional más allá del sistema adversarial pues su sobredimensionamiento presupondría un análisis incompleto por reduccionismo".

Así las cosas, los magistrados fijaron en 7 años y 6 meses de prisión la pena para Montaño y le unificaron la condena dictada en 2011 por lo que deberá purgar 11 años y medio de cárcel; y modificaron la sentencia de Sandri y Martínez quienes seguirán cumpliendo la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Buscan unificar causas contra un narcoempresario boliviano

Un empresario boliviano acusado de liderar una organización que ingresó una tonelada de cocaína a la Argentina a través de distintos envíos en camiones cisterna, ya acumula 13 causas en la Justicia Federal de Salta, donde buscan unificar las investigaciones para que no queden como únicos responsables los choferes de los vehículos.

Según la Procuración General de la Nación, los fiscales a su cargo de los expedientes consideran que la "atomización" de las investigaciones dificulta llevar adelante una pesquisa global sobre la banda liderada por José Luis Sejas Rosales.

En ese sentido, el fiscal federal Ricardo Toranzos, el fiscal coordinador Eduardo Villalba, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitaron la acumulación de las 13 causas que tramitan en la provincia.

El pedido se fundamenta en razones de economía procesal, es decir, evitar la realización de idénticas medidas de prueba en cada uno de los expedientes que investigan a Sejas Rosales y al conglomerado comercial conformado por él y algunos de sus familiares directos, de quienes se pidió la detención.

La idea de los fiscales es que la investigación se unifique en el juzgado federal 1 de Salta, a cargo de Julio Bavio, lo que facilitará una correcta imputación contra los acusados.

Detenido. En abril pasado Sejas Rosales había sido detenido por el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, tras detectarse el transporte de cocaína diluída en 600 litros de un líquido depositado en el tanque de combustible de un camión. También se descubrió el tráfico de unos 35.000 litros de tolueno, precursor químico que sirve para convertir la pasta base en clorhidrato de cocaína, tras hacerlo pasar como alcohol etílico en la documentación que se presentaba en la Aduana.

De acuerdo a la información de la fiscalía, pocos días después de ese operativo el juez Reynoso excarceló al empresario boliviano al considerarlo "partícipe secundario" de la tentativa de contrabando. Además, ignoró la imputación por contrabando de tolueno, pues había devuelto a su dueño el camión con la carga y el peritaje del líquido se conoció después de que el transporte pasara la frontera rumbo a Chile.

Tras la apelación de los fiscales, la Cámara Federal de Salta apartó a Reynoso y designó a Bavio para esa causa y otras nueve que tramitaban por entonces contra Sejas Rosales.

Antes de remitir su expediente, Reynoso ordenó la captura nacional e internacional del mismo empresario en otra investigación abierta luego de que el 13 de marzo se hallara en Tartagal un camión con 21 kilos de cocaína perteciente a la Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL), propiedad de Sejas Rosales.

El trabajo conjunto de los fiscales de esa causa, Ricardo Toranzos y José Luis Bruno, del fiscal Villalba y el equipo de la Procunar permitió incorporar otros cuatro hechos que no estaban en la denuncia original. De este modo, la investigación relacionó a Sejas Rosales en el tráfico ilícito de al menos 918 kilos de cocaína y 35.000 litros de sustancias químicas necesarias para la elaboración de ese estupefaciente.

De a poco. Las 13 causas que se buscan unificar abordan el tráfico en forma "atomizada" y los choferes de los camiones eran, hasta la detección de sus patrones, los únicos en responder por casos aislados.

Las investigaciones muestran un modus operandi que tiene como denominador común el ocultamiento del estupefaciente en camiones de la firma perteneciente a Sejas Rosales, con base en Santa Cruz de la Sierra.

El ingreso a la Argentina es siempre a través de pasos fronterizos de Salta, particularmente el que une Yacuiba con Salvador Mazza, y la droga fue hallada en tanques y en matafuegos de camiones. Los investigadores creen que sólo hay dos opciones: o bien todos los choferes trafican por su propia cuenta y se valen para ello de los camiones de Creta SRL; o los empresarios dueños de los vehículos son quienes conforman una organización narcocriminal transnacional, que es lo que apuntan a probar.

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