Un oficial de la policía rosarina que fue pasado a disponibilidad se presentó en la oficina de Sumarios Administrativos de Unidad Regional II y, en su descargo, relató detalladamente cómo funciona la caja negra policial. El efectivo dio nombres y apellidos de uniformados a los que sindicó como recaudadores y de su cartera de clientes, ligados a la economía ilegal. También precisó montos fijos y la mecánica de recaudación ilegal.

Lo que se relata en la denuncia no es nuevo: la existencia de una maquinaria recaudadora de la policía que funciona regularmente y de modo institucionalizado. Pero nunca hasta ahora se había podido acceder a un relato en primera persona desde el riñón de la fuerza.

La denuncia, formulada por el oficial auxiliar Juan José Raffo, consta de ocho carillas. Involucra al menos a tres de sus superiores inmediatos y a otros efectivos de menor rango. La presentación precisa el funcionamiento de la caja sólo en el ámbito de la Inspección 3ª zona, donde el oficial cumplió su último destino, pero permite dimensionar el movimiento global.

La mecánica.De la presentación se desprende que el circuito comienza con el policía de calle que recauda en una comisaría. Ese dinero sube hacia la Inspección de zona. En Rosario hay ocho inspecciones que concentran 34 seccionales, 22 subcomisarías y más de una docena de destacamentos. Desde allí, según expuso Raffo, los sobres ascienden a estamentos superiores que aparecen explicitados en el texto.

La denuncia expone un listado de capitalistas de juego clandestino, desarmaderos de autos y "brujos" que aportan regularmente a la caja. También menciona un laboratorio de analgésicos truchos y a levantadores de apuestas. Refiere que algunos aportan por semana y otros por mes. Además revela cuánto dinero tributan por mes comisarías de barrios Tablada, Saladillo, Las Flores, Tiro Suizo y el Parque Independencia, que oscilan entre los 500 y los 3.000 pesos mensuales.

En su exposición, el uniformado dijo conocer la mecánica de la caja negra por haber rechazado una oferta para operar como recaudador. Señaló que en esa oportunidad archivó en su computadora la lista de sitios que tributan a la caja ilegal y los montos que se colectan, la cual anexó a su descargo. Y planteó que un día después de negarse a participar de la maniobra recaudatoria fue trasladado a la seccional 19ª.

El detonante. El oficial Raffo ventiló el funcionamiento de la caja negra al responder por cuatro sumarios que se abrieron en su contra en los últimos 60 días. En el texto, al que tuvo acceso LaCapital, dijo que esos sumarios tienen directa relación con su actuación en dos hechos que tuvieron gran impacto público el mes pasado. Según planteó, su desempeño frustró negocios de ciertos sectores policiales que actuaban en connivencia con el ex líder de la barra de Newell’s Roberto Pimpi Camino. Esto, dijo, le fue recriminado verbalmente por algunos de sus superiores.

El primer suceso fue una emboscada a tiros del 19 de enero en Grandoli al 4900 en la que Sebastián Galimany, de 22 años, fue asesinado de tres balazos y su amigo Facundo, de 21, resultó gravemente herido. En este caso el oficial tomó la declaración al sobreviviente del ataque, quien apuntó a uno de los hijos de Pimpi, apodado Chamí, como autor de los disparos.

El segundo fueron los incidentes del 26 de enero en el Coloso del Parque Independencia, cuando irrumpió la fracción de la barra brava liderada por Pimpi. En esta ocasión Raffo tomó el testimonio de una empleada policial que señaló a los hermanos Camino (aún prófugos) como líderes de la revuelta.

Con posterioridad, al oficial le abrieron mediante actuaciones de oficio de la policía cuatro causas iniciadas a partir de llamadas anónimas. Fue puesto en disponibilidad, por lo cual se le quitó el arma y se le redujo el sueldo. De esos sumarios, la policía dio cuenta a la Justicia. En los Tribunales provinciales se tramitan contra Raffo tres causas: una por incumplimiento de los deberes, tráfico de influencias y recepción de dádivas; otra por robo y una tercera por enriquecimiento ilícito. Recayeron en el Juzgado de Instrucción 1ª, a cargo de Roxana Bernardelli.

Según los abogados de Raffo, Adrián Ruiz y José Ferrara, hasta ahora no fue citado en esos expedientes en los que "sólo hay denuncias anónimas". El cuarto proceso, por infracción a la ley de drogas, fue iniciado en el juzgado Federal Nº 3. A esto se suma una causa del año 2006 por extorsión que se tramita contra el efectivo en el juzgado de Sentencia Nº 5.

Si bien la denuncia de Raffo fue realizada en una dependencia policial, sus abogados entienden que deberá girarse a la Justicia: "Como funcionarios públicos, los policías tienen obligación de informar a sus superiores y al ministerio fiscal", señalaron.