Un barra de Central no podrá ingresar a ningún estadio de fútbol del mundo por el lapso de dos años, luego de que protagonizara incidentes y agrediera a policías en la previa del partido entre Central y Argentinos, que significó el regreso del público a las canchas después de 19 meses producto de la pandemia de coronavirus. Además, el hincha deberá pagar una multa económica, demostrar avances en la carrera universitaria que cursa y abstenerse de consumir drogas y alcohol.

El hecho ocurrió el domingo 3 de octubre a las 10, cuando F. B., de 27 años, agredió a golpes de puño y le propinó un botellazo al funcionario de la Subsecretaría de Prevención, el ex comisario inspector Hernán Brest, quien se encontraba junto a otros funcionarios policiales en un retén de control de acceso al estadio a la altura de José Ingenieros y Avellaneda.

Como consecuencia de la agresión, Brest terminó con heridas en la cara, un corte en una mano y el par de anteojos que llevaba puestos, roto. Por tal motivo, el fiscal Iván Enríquez de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación lo imputó por atentado a la autoridad agravado por poner manos en el cuerpo del funcionario.

La Fiscalía, conforme a la prueba recabada y ante la conformidad del imputado y de la defensa, concedió la suspensión de juicio a prueba teniendo presentes las propuestas relativas al tiempo de suspensión del proceso y a las reglas de conducta a aplicar.

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De esta manera, el juez de primera instancia Mariano Aliau hizo lugar a la suspensión del procedimiento a prueba por el término de 2 años y le impuso al barra canalla fijar residencia, y abstenerse de concurrir a cualquier partido de fútbol oficial que se desarrolle en el país o el exterior, cualquiera sea la competencia y el equipo de fútbol que lo dispute. Esa restricción incluye las adyacencias del estadio hasta 1.000 metros a su alrededor.

Además, deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, asistir y demostrar avances en la carrera universitaria la cual esta cursando, de modo que deberá acreditar de manera cuatrimestral la aprobación de materias, y ofrecer una reparación económica de $3 mil a una entidad de bien publico que el juez de Ejecución Penal disponga.