Un fiscal de Venado Tuerto denunció a la Justicia haber recibido una sucesión de amenazas telefónicas contra su vida que relaciona con investigaciones en las que participó. El funcionario apunta a franjas de la policía provincial a las que atribuye estar implicada en el narcotráfico. Su presentación desencadenó el allanamiento de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas de esa ciudad el domingo pasado y el desplazamiento preventivo del jefe de esa dependencia.
Los señalamientos del fiscal Eduardo Lago apuntan a sectores de la fuerza de seguridad provincial de modo contundente. "La actuación de esta agencia policial se parece tétricamente a la de los grupos de tareas de la dictadura y la violencia de la respuesta se encuadra en la lucha por el mercado de la droga en el sur santafesino, en un marcado proceso de cartelización del narcotráfico que incluye a la policía provincial cada vez más autonomizada", con algunos de sus hombres "no ya como protectores sino directamente como socios mayoritarios", sostiene en un escrito entregado a este diario.
En General López. Para el fiscal Lago las intimidaciones que recibe se relacionan con causas de mucha resonancia en Melincué, Villa Cañás y Venado Tuerto. Estas investigaciones se refieren a acciones de decomiso de drogas, detención de abogados y a procedimientos cuestionados por plantar pruebas en los que interviene personal de la ex Drogas Peligrosas.
A raíz de las amenazas denunciadas el juez de Instrucción venadense Eduardo Bianchini dispuso asignarle a Lago y a su familia una custodia permanente de efectivos de las Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Y el domingo pasado, en el marco de esta causa, el magistrado ordenó requisar la sede de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de Venado Tuerto que encabeza el subcomisario Alejandro Druetta. Fueron secuestrados el libro de guardia y revisados los teléfonos celulares de los siete policías que trabajan allí (ver aparte).
Lago le entregó a este diario un escrito dónde describe la situación que asegura padecer hace semanas. En el texto hace referencia a los posibles detonantes de las amenazas: su actuación durante la feria judicial en Melincué, su intervención en causas propias de Venado Tuerto o una confusión entre su participación en esas investigaciones con las de otro fiscal provincial o federal. Asegura que las presiones se despliegan sobre su familia, sospecha que son de origen policial y que implican una ruptura de códigos aún respetados por delincuentes comunes.
El fin del respeto. El fiscal se refiere en forma crítica al quiebre "del respeto atávico" de la policía hacia el Poder Judicial y señala que eso tiene que ver con cuestiones de dinero. Estos hechos de amenazas exceden los casos habituales recibidos en la justicia penal por lo que el juez de Instrucción dispuso la intervención de la Dirección Provincial de Asuntos Internos y una custodia para Lago y su familia.
La procedencia. Eduardo Lago tiene 48 años, es oriundo de Rosario y se desempeña en la Justicia de Venado Tuerto hace seis años. Participó en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Es conocido por su actuación en el caso "Maderna" y que fuera el primer juicio oral del sur santafesino.
Durante la dictadura militar fue colaborador de los abogados Augusto Conte Mc Donell y Víctor Corvalan en la investigación de la desaparición de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.
Como funcionario del Ministerio de Gobierno, durante el segundo mandato de Carlos Reutemann, investigó la llamada causa "Feced" y patrocinó a familiares de Constantino Razzetti en lo que implicó la apertura de la primera investigación sobre la actuación de la Triple A en la provincia.